Desplazados cumplen un año de vivir en una azotea del Palacio Municipal de Yosondúa, Oaxaca

Oaxaca.— La azotea del Palacio Municipal de Santiago Yosondúa, en la región Mixteca de Oaxaca, es desde hace un año el hogar de más de un centenar de personas de la comunidad de Buenavista.

En ese espacio, con una parte cubierta con un techo de láminas, las mujeres colocaron anafres para cocinar y las autoridades instalaron lavaderos para que puedan lavar su ropa; por las noches, tienden sus cobijas para dormir.

Hoy, 18 de agosto de 2026, se cumple un año de que fueron desplazados violentamente por hombres armados de la comunidad vecina de Santa María Yolotepec a causa de un conflicto agrario.

Ese día, 225 personas, entre ellas 90 niños, huyeron de los disparos. Sus viviendas fueron incendiadas, al igual que sus cultivos y sus vehículos, también les robaron su ganado.

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El conflicto agrario entre Santa María Yolotepec y Santiago Yosondúa lleva más de 77 años y deriva de la disputa por una superficie de mil 625 hectáreas.

Desde hace un año, los desplazados sobreviven con el apoyo de las autoridades municipales y pobladores que les dan alimentos. Otros se refugiaron con familiares y amigos, y algunos más decidieron emigrar fuera de Oaxaca en busca de trabajo y mejores condiciones para vivir.

“Ya son 12 largos meses en que estas personas fueron desalojadas de sus hogares a balazos con armas de uso exclusivo del Ejército [Mexicano] (…) Y el gobernador de Oaxaca y el secretario de Gobierno de Oaxaca han permitido la absoluta impunidad, que ellos [los pobladores de Santa María Yolotepec] sigan armados ejerciendo la violencia”, acusa Felipe Edgardo Canseco Ruiz, asesor jurídico de las familias desplazadas y coordinador de la Defensoría Popular de Ricardo Flores Magón.

El abogado asegura que las autoridades estatales han desacatado las resoluciones de jueces y tribunales colegiados que concedieron la posesión para que los habitantes de Buenavista y de la comunidad de Chicaba permanezcan en las tierras “donde nacieron sus bisabuelos, sus abuelos, sus padres, la generación que hoy está y donde tendrían que seguir habitando sus hijos”.

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Gran problema

Los datos más recientes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) advierten que en el estado hay más de 4 mil 499 personas víctimas de desplazamiento forzado; sin embargo, apunta que no existen datos oficiales sobre el número de personas desplazadas en el estado, “por lo que es complejo determinar con exactitud el impacto que ha tenido esta problemática”.

Estos desplazamientos se concentran en 77 municipios y 103 localidades. Las personas afectadas son en su mayoría originarias de los pueblos y comunidades indígenas mixes, zapotecos de la Sierra Norte, zapotecos de la Sierra Sur, mixtecos, zapotecos de Valles Centrales, triquis, chinantecos, zapotecos del Istmo, huaves, chatinos, así como chontales.

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Falta de derechos

Felipe Canseco advierte que las familias desplazadas de Buenavista viven una tragedia humanitaria en la que hay una ausencia del Estado de derecho, la imposición de poderes fácticos, muchas veces vinculados al crimen organizado.

Señala que las personas desplazadas de Buenavista están a la intemperie y se enfrentan a las lluvias y al intenso frío que caracteriza a la región Mixteca.

El asesor jurídico de la comunidad afirma que hay muchas personas enfermas y niños con problemas de salud; en este año, dos personas de la tercera edad murieron por las condiciones en que viven.

También, asegura, se ha violentado el derecho a la educación de los menores de edad y el acceso a la salud de la comunidad desplazada.

“El derecho a la educación fue roto porque la escuela que funcionaba en Buenavista no han podido hacer que funcione en un lugar distinto, donde sigan siendo educados [los menores]. Al dispersarse algunas de las familias, los niños también están dispersos, encargados con familiares cercanos cuando se va alguna de las personas que tienen que ganarse la vida, y desde luego que las condiciones de salud también son complejas”, señala Felipe Canseco.

La DDHPO sostiene que el desplazamiento de la población indígena de sus tierras trae consecuencias traumáticas, las cuales se agudizan al no recibir una atención interinstitucional culturalmente adecuada, así como información clara y suficiente en su lengua materna.

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Apoyos para la foto

En los primeros días del desplazamiento forzado de las familias de Buenavista a Santiago Yosondúa, la Coordinación para la Atención de Derechos Humanos (CADH) del gobierno de Oaxaca presumió la entrega de despensas.

Felipe Canseco indicó que estos apoyos se hicieron sólo en dos ocasiones y las despensas que entregaron no alcanzaban ni para cubrir las necesidades de dos días.

“O sea, es más para la foto, más para el lucimiento y para justificar algún tipo de acción sin que haya habido eficacia alguna”.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno de Oaxaca aseguró que durante este año se fortaleció la ruta de diálogo entre las comunidades y se lograron acuerdos orientados a mantener la paz, avanzar en la atención de la problemática agraria y generar condiciones para el retorno gradual de las familias desplazadas.

Sin embargo, los pobladores decidieron llevar su demanda de justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Canseco explicó que su intención es que la CIDH emita medidas cautelares que obliguen al Estado mexicano y al gobierno de Oaxaca a restablecer el orden constitucional y que las familias desplazadas regresen con garantías de seguridad a sus hogares.