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Las víctimas de desplazamiento forzado de Guadalupe Victoria, una comunidad de San Juan Juquila Mixes, denunciaron que el retorno seguro a sus hogares fue un engaño y una simulación de las autoridades federales y estatales.
Mediante un pronunciamiento público, explicaron que actualmente se encuentran en estado de indefensión y abuso sistemático, así como de omisiones y actuaciones indebidas del gobierno que quienes han vulnerado nuestra buena fe y nuestro legítimo y ferviente deseo de retornar de manera pacífica y segura a nuestra ciudad de origen.
En noviembre de 2025, el gobierno del estado aseguró que hubo un retorno seguir de 64 familias a la comunidad de Guadalupe Victoria; sin embargo, las víctimas aseguran que esto nunca se concretó, lo que constituyó un acto de revictimización contra las familias desplazadas, quienes han padecido hambre, precariedad y la falta de una vivienda digna fuera de su comunidad de origen.
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El desplazamiento forzado ocurrió en dos momentos, la primera en enero de 2017 y una segunda en agosto de 2024, a causa de un conflicto agrario con la población de San Pedro Ocotepec. Hasta la fecha no se les ha garantizado una solución integral, efectiva y con respeto a sus derechos humanos.
Las víctimas aseguraron que San Pedro Ocotepec ha intentado simular ante las autoridades agrarias, una posesión que en realidad no detenta valiéndose de un grupo disidente de la comunidad de Guadalupe Victoria, “ya que es consciente de que de resolverse el conflicto conforme a derecho, quedaría al descubierto la inexistencia de posesión real sobre las tierras que pretende, las cuales han sido históricamente ocupadas y trabajadas por los comuneros de nuestra agencia Guadalupe Victoria”.
Recordaron que además se ha registrado la pérdida de vidas, afectaciones a la integridad personal, al patrimonio comunitario, al tejido social y a su forma de vida como pueblo indígena, sin que el Estado mexicano haya asumido su obligación de prevenir, atender, reparar integralmente y sancionar dichas violaciones.
En lo relacionado al proceso de retorno de las familias desplazadas de Guadalupe Victoria presuntamente con un plan detallado y con garantías suficientes por parte de la Secretaría General de Gobierno, la Coordinación de Delegados de la Paz Social, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, reiteraron que no se concretó en condiciones de seguridad.
Lo anterior, señalaron, porque persisten las intimidaciones, condicionamientos y amenazas por parte de personas plenamente identificadas del "grupo disidente" que pertenece a la agencia de Guadalupe Victoria.
Y esto ha generado entre la población desplazada la percepción fundada de que el retorno anunciado careció de condiciones reales para garantizar una estancia segura y digna.
Sumado a ello, apuntaron, se realizaron diversas promesas públicas que a la fecha no han sido cumplidas evidenciando una grave falta de seriedad institucional.
“Prueba de lo anterior es que de las 471 personas víctimas de desplazamiento forzado que acudieron previamente a revisar sus viviendas con el objetivo de iniciar su rehabilitación. Ninguna contó con las condiciones mínimas para permanecer en la comunidad, limitándose únicamente a constatar el abandono, deterioro y saqueo de sus bienes y hogares.
“Asimismo, se aseguró que la Asamblea General de ciudadanos de Guadalupe Victoria había autorizado el retorno de las familias previamente enlistadas y que existían acuerdos firmes para garantizar un retorno exitoso, lo cual nunca se materializó evidenciando la nula disposición del grupo disidente para construir acuerdos reales y eficaces”.
Esta situación, manifestaron, ha impactado directamente en la confianza de la población hacia las autoridades estatales.
Y señalaron como responsable de esta situación al coordinador de los Delegados de Paz, Donato Vargas, quien fue el encargado de toda la planeación técnica y de logística, “siendo responsable de dejar mal al gobierno del estado por la falta de la pericia necesaria para sacar acuerdos sólidos e inquebrantables entre ambas comunidades para un retorno garantizado en todos los sentidos”.
Las familias desplazadas exigieron que el retorno se realice de manera masiva, inmediata y toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la igualdad de derechos y libertades fundamentales y que ningún grupo puede situarse por encima de la ley.
También solicitaron de manera urgente la intervención directa del gobernador del estado y del gobierno federal “ya que ya que la falta de atención institucional continúa revictimizando a niñas, niños, personas adultas, mayores, mujeres y hombres, quienes carecen de un lugar donde vivir y al ser campesinos no pueden trabajar sus tierras ni garantizar el sustento de sus familias”.
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