Lo último que se sabe es que cruzaron la carretera federal 150 que une a Córdoba con Oaxaca, a través del Paso de Amapa. Bajaron a la zona rural del municipio oaxaqueño y estuvieron detenidos tres días en algún lugar en la zona fronteriza.
“Tenemos reportes de carpetas desde 2018 que no se les ha dado el seguimiento adecuado, como debería ser por parte de ministerios públicos, al grado que a veces ni ellos saben dónde están o cuál es el número”, dice a EL UNIVERSAL Pablo Chávez Zavaleta, coordinador de la Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi.
La comisión, única organización especializada en derechos humanos en Tuxtepec desde hace más de 30 años, lleva denuncias de casos de desaparición que se han empantanado y los familiares optan por abandonar el proceso; también hay quienes no denuncian porque no confían en la impartición de justicia en el estado, señala.
“La Vicefiscalía debería establecer protocolos en temas graves como desapariciones, desapariciones forzadas, violencia familiar, secuestro, violaciones sexuales a menores, delitos graves, para darles atención prioritaria”, abunda.
“Legalmente no debería ocurrir el tema de la desaparición de carpetas, pero eso está pasando y también está atravesado por problemas de corrupción y abuso a personas indígenas o de escasos recursos”.
Su búsqueda no ha cesado desde entonces, ella continúa pegando las fotografías de Juan de Dios y Rodrigo en los municipios fronterizos.
El 14 de enero de 2021, Elvira fue secuestrada cerca de su casa en Tierra Blanca, Veracruz.
Cuatro hombres armados y encapuchados la tiraron de la moto cuando iba con una de sus hijas y se la llevaron. La liberaron dos días después.
En su momento, la madre buscadora responsabilizó de su secuestro a integrantes de la Unión General Obrera Campesina y Popular (UGOCP), una agrupación histórica en la frontera cuenqueña dedicada al robo e invasión de predios, ligada por temporadas a células del crimen organizado y que ella señaló de participar en la desaparición de sus hijos.
En 2020, la misma unidad registró 11 desapariciones en Tuxtepec y 21 en la Cuenca del Papaloapan, que comprende 14 municipios. Entre junio de 2019 y junio de 2020, ocho jóvenes de San Juan Bautista Tuxtepec fueron reportadas como desaparecidas y hasta la fecha no han sido localizadas.
Desde 2019, en San Lucas Ojitlán hay tres mujeres de 18, 17 y 34 años ilocalizables. En Loma Bonita, una menor de 16 años; en Acatlán de Pérez Figueroa, tres niñas en 2022, y en San Miguel Soyaltepec, una mujer de 26 años, en 2019.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 2 de febrero pasado en Oaxaca 428 personas permanecen desaparecidas y 172 no localizadas.
Un expolicía estatal que huyó a Estados Unidos le confesó por teléfono a Elvira Gómez que sus hijos fueron levantados.
El policía, que se dijo arrepentido, dijo que recibió una orden: “Los entregaron y creo que ya los mataron”, le comentó. Es la única pista que ha recibido la mujer buscadora sobre el paradero de sus hijos.
Las fiscalías estatales de Oaxaca y Veracruz, acusa, enlodaron la atracción del caso y la búsqueda, poniendo como excusa el lugar de los hechos, ubicado en la frontera entre dos estados. Ella se refugió en colectivos de madres veracruzanas por la cercanía, pero sus hijos desaparecieron en Oaxaca.
—¿Por qué manifestarse en caravanas en Tuxtepec y no hacer el proceso en la Vicefiscalía de la Cuenca o darle seguimiento con la fiscalía de Oaxaca?, le pregunto a Elvira Gómez.
—Le echan siempre la culpa a la frontera, luego pierden los expedientes, todo está podrido, lamenta la señora.
Esta casa editorial buscó la versión de la Vicefiscalía Regional, pero no hubo respuesta.