Municipios | 02-01-23 | 21:01 | Actualizada | 02-01-23 | 21:01 |
Juchitán.– El Comité de Víctimas y Familiares Ikoots de la Masacre de San Mateo del Mar denunció un caso más de impunidad en el asesinato de 15 personas, ocurrido el 21 de junio de 2020 en la comunidad de Huazantlán del Río, tras la liberación de Camerino D. L., considerado como uno de los presuntos implicados en los homicidios.

Mediante un comunicado difundido este martes, el también conocido como Comité de Víctimas de Huazantlán condenó la liberación de Camerino D., aprehendido apenas hace unos días, a quien se señaló como cabeza visible de los hechos que desencadenaron en la comisión de 13 homicidios y dos feminicidios en San Mateo del Mar en junio de hace casi tres años.

Los integrantes del Comité de Víctimas y Familiares Ikoots lamentaron que la jueza Guillermina Ortega Domínguez haya dictado auto de no vinculación a favor de Camerino D., “bajo el argumento que se acreditó la atipicidad como excluyente de los delitos de homicidio y feminicidio”.

Al protestar por la liberación de Camerino D., el Comité de Víctimas y Familiares Ikoots de la Masacre de San Mateo del Mar pidió la destitución del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, y de la jueza Guillermina Ortega Domínguez, quién desechó diversos testimonios de testigos de la masacre, indicaron.

Para el Comité, la liberación de Camerino D., que calificó como un caso más de impunidad, “es una afrenta hacia las víctimas y sus familiares, una injusticia y una burla”, donde las autoridades judiciales siguen mandando mensajes de impunidad a más de dos años de la masacre, señaló el Comité.

En abril del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó los resultados de sus investigaciones y concluyó con recomendaciones tanto al entones gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, en donde se les pidió aplicar la ley recompensar a familiares de las víctimas.

Desde el 21 de junio de 2020, cuando ocurrió la masacre que dejó 13 hombres y dos mujeres incineradas, apedreadas y con heridas de bala y armas punzocortantes, según relataron los testigos en su momento, hasta noviembre del año pasado solamente habían sido detenidas tres personas.

Según la denuncia de las familias, actualmente existen 161 órdenes de aprehensión por la masacre de junio de 2020, la más grande que se ha registrado en una comunidad indígena de Oaxaca; sin embargo, siguen sin ser ejecutadas un total de 158.

 

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