Ante este incremento en la violencia, informó que los y las defensoras se encuentran en una mayor vulnerabilidad.
“Ya que nuestro esfuerzo por nutrir, guiar y organizar la resistencia comunitaria de nuestros territorios implica, hostigamiento, acoso y persecución dentro de nuestros territorios y más allá de nuestras comunidades”, sostuvo.
De la misma forma, demandó la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina y del proyecto hidroeléctrico Río Verde; justicia para Bernardo Vásquez Sánchez, líder de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo) a nueve años de su asesinato, que sigue impune.
Y condenaron la actitud del Estado “en todas sus expresiones, desde las agresiones hasta la persecución y la violencia que sufrimos las y los defensores comunitarios que defendemos nuestros territorios”.
“Nos queda claro que el ataque es contra todo intento de organización y de decisión por parte de la comunidad de Paso de la Reyna sobre su territorio y particularmente contra quienes han formado parte del proceso de defensa del Río Verde”, agregaron respecto del asesinato de Fidel Heras.
También sostuvo que el despojo que pretende el gobierno federal y las empresas, traen consigo una cultura de muerte: los confina a más empobrecimiento, a la aniquilación de sus lugares sagrados y en consecuencia a la pérdida de su identidad.
Quienes están especulando en este modelo de “desarrollo”, señaló, están pensando en aniquilar la vida de sus pueblos y devastar formas de vida comunitaria.
“Las alternativas que se construyen desde nuestras comunidades dan constancia que la defensa de los territorios es un proceso que se nutre desde la colectividad y la lucha por nuestros derechos, pero también por la cultura, la lengua, el tequio, la asamblea; en contraposición al discurso desarrollista de las instituciones gubernamentales, que menosprecian nuestras prácticas y modos de relación y de producción comunitaria en nuestros territorios”.