El presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Villa de Tamazulápam del Progreso, Leoncio Serra Santiago, informó que solicitarán información técnica y jurídica relacionada con la intención de construir una tienda de autoservicio Bodega Aurrerá en la comunidad.
Lo anterior, luego de una asamblea comunitaria en la que hubo opiniones divididas en torno a esta iniciativa, pero en la que hubo coincidencia en que deben prevalecer las mejores condiciones para la población, principalmente aquellas que tienen que ver con la protección del medio ambiente.
Serra Santiago señaló que buscará que cualquier resolución se apegue a los principios de participación comunitaria, consulta informada y defensa de los intereses colectivos de Tamazulápam del Progreso.
La posible construcción de la sucursal de esta empresa en la comunidad causó un debate entre las autoridades, comuneros y sectores de la población, pero concordaron en la necesidad de que cualquier decisión se tome de manera informada, transparente y considerando los intereses colectivos del municipio.
“Existe preocupación por la forma en que se habrían otorgado las autorizaciones iniciales para el proyecto, así como por la falta de información pública respecto a aspectos fundamentales como el uso de agua, la generación de residuos, el impacto ambiental y los beneficios concretos que la empresa ofrecería a la comunidad”.
Leoncio Serra detalló que comuneras y comuneros señalaron que Tamazulápam enfrenta actualmente importantes retos en materia de infraestructura pública, y destacaron las deficiencias en el servicio de agua potable, una planta de tratamiento con problemas operativos, limitaciones en el manejo de residuos sólidos y necesidades urgentes en áreas como salud y educación.
El dirigente agrario aclaró que no hay una oposición de facto a la inversión privada, ni a la generación de empleos, pero consideran indispensable conocer el plan integral de operación de la empresa, así como los posibles efectos que tendría sobre los recursos naturales y la economía local.
“Uno de los temas que más inquietud genera es el consumo de agua. Los participantes señalaron que antes de autorizar cualquier proyecto de gran escala es necesario conocer los estudios técnicos correspondientes, la manifestación de impacto ambiental y las medidas que garanticen que el abastecimiento para la población no se verá afectado”.
Mientras que los comerciantes y productores locales, dijo, expresaron inquietudes sobre la capacidad de competencia frente a una cadena de alcance nacional e internacional.
“Diversos análisis económicos han documentado que las grandes cadenas comerciales suelen operar mediante economías de escala, amplias redes de distribución y fuertes capacidades de negociación con proveedores, factores que les permiten ofrecer precios competitivos que pueden transformar los mercados locales”, agregó.
Una de las propuestas que surgió en la asamblea comunitaria refiere que, de concretarse la instalación de la tienda, se establezcan acuerdos formales que generen beneficios directos para la población.
Además de inversiones en infraestructura hidráulica, fortalecimiento de la planta de tratamiento, mejoras al relleno sanitario, apoyo a la ampliación y equipamiento de la clínica pública, respaldo a la construcción de espacios educativos para la Unidad Académica del Tecnológico y mecanismos que faciliten la incorporación de productores regionales a las cadenas de comercialización.
En otros aspectos se insistió en que cualquier determinación debe surgir de un proceso de diálogo abierto, transparente y con información suficiente para toda la ciudadanía, privilegiando el derecho de la comunidad a conocer los alcances, beneficios y posibles impactos del proyecto.
“El debate continúa abierto entre quienes consideran que la llegada de nuevas inversiones puede representar oportunidades de desarrollo económico y quienes sostienen que primero deben garantizarse condiciones claras de protección ambiental, fortalecimiento de la infraestructura pública y beneficios tangibles para la población”, aseguró.