Ayer, en su primer día de protestas, incendiaron llantas y prácticamente expulsaron a unos elementos de seguridad privada que vigilaban el polígono de 502 hectáreas donde se instalará el parque industrial y por las que el gobierno de México, a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), pagó 130 millones de pesos.
Los habitantes que no integran el padrón de los comuneros comenzaron a exigir que el monto total de la venta se distribuya entre todas las personas mayores de 18 años de edad.
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