Municipios | 24-03-23 | 01:03 | Actualizada | 13-04-25 | 18:14 |
Tuxtepec.- Prevalece en los juzgados de Tuxtepec la falta de información en el proceso que deben seguir los abogados y demandantes sobre la reforma constitucional aprobada en febrero pasado en la entidad oaxaqueña, donde se prohíbe que las personas condenadas por violencia familiar, delitos sexuales o deudoras alimentarias ocupen cargos públicos y de elección popular, indica en entrevista con EL UNIVERSAL Alejandrina Ronquillo Regules, representante  local del Colegio de Abogados.

De acuerdo con la abogada, quien ha dado seguimiento al cumplimiento de esta nueva ley en la región, en Tuxtepec existen demandas por pensiones alimenticias de hasta 10 años que se encuentran estancadas y por ello es necesario instalar módulos de información en los municipios cuenqueños, para brindar asesoría sobre la ley de deudores alimentarios morosos.

“La nueva legislación limita, pero es necesario que sea vinculante y también es necesario lo sepan las personas afectadas por este tipo de conductas, es necesario sea vinculante en todos los niveles burocráticos superiores”, expuso Alejandrina Ronquillo.

Lo anterior, detalla, porque la sociedad en Tuxtepec necesita que los órganos de impartición de justicia expliquen a los ciudadanos y ciudadanas que este requisito debe exigirse para las personas que deseen postularse como diputados federales y diputadas locales y pueda ser extensiva a las personas integrantes de los ayuntamientos en los 570 municipios de Oaxaca.

“En Tuxtepec hay muchos políticos o funcionarios acusados de violencia familiar, delitos sexuales o deudores alimentarios que ocupan  -o pretenden ocupar- cargos públicos y de elección popular y, ante una demanda, el Registro Civil debería informar a los jueces familiares la identidad de estos hombres para que este dato sea tomado en cuenta en los procesos judiciales”, abunda.

Alejandra Ronquillo señala que la reforma debe ser promovida en la población y especialmente entre las mujeres demandantes, ya que si las dependencias no conocen los procesos a seguir y tampoco se informa a la población cómo opera una demanda que obligue a que el moroso pague la manutención o sea despedido, es decir, si no se logra socializar el tema, el decreto no funciona.

Es 2021 el Congreso local aprobó una reforma al Código Civil para la creación y publicación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Tras la ratificación, se hizo público el registro por el incumplimiento del pago de pensión alimenticia, el cual también es requisito para acceder al matrimonio, celebrar contratos públicos como proveedor del Estado y créditos financieros.

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