Habitantes de Tuxtepec defraudados por Coreturo logran aplazar desalojo policial

Tuxtepec.- Habitantes de la colonia Residencial del Sur, en Tuxtepec, lograron establecer una mesa de diálogo con autoridades estatales, municipales y con representantes de la empresa Banorte, en la que acordaron el aplazamiento de la orden de desalojo que pesa contra unas 100 familias de este fraccionamiento.

“No nos negamos a pagar, sólo queremos un precio justo, pero hay personas que han invertido ya dinero en estos domicilios que llevaban años abandonados, el banco acordó enviar a gente de ventas para tener pautas de negociación, según los lotes o casas”, explicó Alberto Alvear Morales, representante de colonos y delegado del Distrito 02 del grupo Familia GDS.

La mesa de diálogo, que se prolongó por varias horas, fue instalada tras un primer intento de la Policía Municipal y Vial de ingresar a la colonia, con el fin de ejecutar la orden de desalojo a favor de Banorte.

Participaron el apoderado legal de la empresa Banorte, agentes del Ministerio Público; Hugo Dehesa, director jurídico del gobierno de Tuxtepec; José Méndez López, delegado de atención regional de gobierno del estado, y Alberto Alvear.

Desde las 7 de la mañana, los habitantes se apostaron en la entrada de la colonia en la que viven de forma irregular desde los años 2013 y 2015, cuando fueron tomadas entre por la Asociación para el Desarrollo de Comunidades y Colonias (ADICC), alegando que se encontraban en mal estado.

Antes de ser notificados de la orden de desalojo, los habitantes estaban en trámites con la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca (Coreturo), la cual les entregó papeles de garantía apócrifos a cambio de 6 mil pesos por cada "vivienda regularizada", con un tamaño promedio de 6 por 15 metros, según denunciaron desde la semana pasada.

El operativo empezó con la llegada de los elementos de seguridad, alrededor de las 8:00 de la mañana. Al convoy de ocho camionetas de los elementos locales se le sumaron dos unidades de la Guardia Nacional y la Cruz Roja. 

Antes del diálogo, se esperaba un enfrentamiento ante el ambiente ríspido de los colonos con la llegada de los policías, a quienes acusaron de intentar amedrentarlos. Entre los habitantes que estaban en el frente había mujeres, niños y personas de la tercera edad. 

Alberto Alvear, representante de un grupo político vinculado a Gustavo Díaz Sánchez, exdiputado del PRI detenido en 2021 por presuntos vínculos con el crimen organizado, informó en rueda de prensa que entre los acuerdos está el aplazamiento del desalojo, pero no queda anulada la resolución del juez a favor de la empresa.

Por lo mientras, acordaron la suspensión momentánea hasta que cada uno de los habitantes logre un convenio y se efectué la reparación que alega la parte propietaria.

Será en marzo cuando mediante el resultado de un censo, podrán identificar el estado de cada uno de los ocupantes de las vivienda y puedan llegar a un acuerdo. 

Los habitantes fueron notificados por la policía que tenían que cumplir la resolución de un juez de distrito fechada desde el 2021, para recuperar 51 lotes y 66 viviendas que ya estaban ubicadas en el fraccionamiento y que son propiedad del grupo bancario Banorte, de acuerdo al juicio de garantía 879/2021, que la empresa dueña de los predios ganó y por la cual exige la restitución provisional, y solicitó la intervención de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca y la Dirección de Seguridad Pública municipal.