La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) aseguró que el personal médico del Hospital Comunitario de la Paz, ubicado en el municipio de la Villa Sola de Vega, son responsables de la muerte de una mujer al no garantizar su derecho a la salud.
De acuerdo con la investigación, precisó, se comprobó que el personal médico del Área de Urgencias atendió a la víctima el 21 de julio de 2021 y en dos ocasiones la dio de alta sin tomar las medidas necesarias para que la valoración se realizara de inmediato y de forma intrahospitalaria, “inobservando los protocolos de actuación que el caso ameritaba”.
El organismo sostuvo que al no diagnosticar la emergencia hipertensiva que presentaba y no haberla referido a otra institución hospitalaria de manera oportuna, trajo como consecuencia el agravamiento de su estado de salud, lo que conllevó a su fallecimiento.
Su muerte, agregó, pudo evitarse si la atención que le brindó el personal médico del Área de Urgencias hubiera sido acorde con lo establecido en la Guía de Práctica Clínica, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de las Crisis Hipertensivas.
Además, la DDHPO confirmó la existencia de responsabilidad profesional e institucional, porque el personal que proporcionó atención médica inadecuada a la víctima el 21 de julio de 2021, no contaba con cédula profesional expedida legalmente.
Así también, se advirtió incumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico, por parte del personal médico adscrito al Área de Urgencias del "Hospital de la Paz" del Distrito de Sola de Vega, al incurrir en una inadecuada integración del expediente clínico.
El organismo recomendó a la Secretaría de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud de Oaxaca, reparar integralmente el daño ocasionado a la víctima directa y también a las indirectas; proporcionar la atención psicológica y tanatológica especializada.
Y que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral Víctimas, inscribir a las víctimas en el Registro Estatal.
Sumado a lo anterior, la Defensoría solicitó efectuar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, a través del cual se ofrezca una disculpa pública a las víctimas indirectas, así como iniciar los procedimientos administrativos correspondientes en contra de las personas servidoras públicas responsables.