Elizabeth y Sara Georgina Uruchurtu Cruz denunciaron que el pasado 21 de agosto fue puesto en libertad el ex director jurídico del ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, Jhoan Ricardo Matus Marcial, quien fue imputado por la desaparición forzada de su hermana y activista Claudia Uruchurtu Cruz.
Mediante un comunicado, detallaron que la Segunda Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, integrada por las magistradas Sofía Altamirano Rueda, Erika María Rodríguez Rodríguez y el juez Armando Lustre Núñez, una nueva resolución que ordena la libertad de Jhoan Ricardo Matus Marcial.
Lo anterior, en acatamiento a la sentencia dictada por los Magistrados Víctor Hugo Cortés Sibaja y Elizabeth Franco Cervantes, integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.
“El día veintiuno de agosto del año 2025, se da una nueva puñalada a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño por la desaparición forzada de nuestra hermana Claudia Uruchurtu Cruz”, manifestaron.
Elizabeth y Sara expresaron que la libertad de quien fuera el responsable del área jurídica del gobierno municipal del Municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, se concede luego de que el Tribunal Colegiado Federal considerara al momento de resolver el Amparo Directo promovido por Jhoan Ricardo Matus Marcial, que no existían pruebas suficientes para determinar su responsabilidad en la desaparición forzada de su hermana.
También sostuvieron que con esta determinación “no sólo se echa por tierra uno de los primeros casos donde después de un largo trabajo de investigación y desahogo de pruebas, se había logrado la emisión de sentencias condenatorias contra servidores públicos municipales, sino además, fortalece la impunidad y la protección de quienes ahora se encuentran en el poder cobijados en el partido de Morena”.
“Durante más de cuatro años, hemos peleado y exigido justicia, verdad y reparación por la desaparición de nuestra hermana Claudia”, agregaron, “pero vemos con tristeza que después de todo este tiempo nada es suficiente, sobre todo cuando te enfrentas al poder fáctico del Estado, ese que controla y manipula los diversos poderes en nuestro país a su antojo”.
En su escrito, manifestaron que resulta difícil de comprender que jueces, juezas, magistrados, magistradas y demás operadores del Estado que hoy permiten la liberación de una persona señalada por desaparición forzada no asuman la gravedad de su responsabilidad ni el papel de encubridores que desempeñan frente a uno de los crímenes más atroces y lacerantes de la sociedad mexicana.
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“Sus resoluciones, lejos de estar sustentadas en un conocimiento profundo del marco legal aplicable, revelan una preocupante ignorancia o negligencia. En materia de desaparición forzada, el estándar probatorio exige una valoración distinta, más cuando existe un señalamiento directo y pruebas circunstanciales que resultan suficientes para demostrar la responsabilidad de los perpetradores. Ignorar esto no sólo perpetúa la impunidad, sino que revictimiza y niega la justicia a quienes más la necesitan”.
Y cuestionaron: “¿dónde está la independencia del Poder Judicial?, ¿dónde está la protección de las víctimas por parte de la Fiscalía del Estado?, ¿dónde quedan los derechos humanos de las víctimas en los procedimientos judiciales por casos de desaparición forzada?, para todas estas interrogantes la respuesta es la misma, simplemente no existen”.