Juxtlahuaca.– El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) dio a conocer que Alfredo Ramírez, quien fue asesinado este jueves en Putla de Guerrero, mantenía carpetas de investigación por la Fiscalía de Oaxaca por los hechos violentos ocurridos a finales de diciembre del 2020, donde fueron desplazadas 144 familias de Tierra Blanca Copala, en el municipio de Santiago Juxtlahuaca; organizaciones señalan ausencia de los gobiernos ante la violencia.
Tras el asesinato de Alfredo Ramírez Díaz, originario de Tierra Blanca Copala, en donde otros dos hombres quedaron heridos por armas de fuego durante la tarde de este jueves en Putla de Guerrero, las organizaciones internas de la región de la Triqui Baja reaccionaron ante señalamientos.
“Pablo Santos y Alfredo Ramírez, entre otros, han sido identificados en múltiples denuncias y carpetas de investigación como integrantes de un grupo armado de carácter paramilitar que mantiene el control de Tierra Blanca Copala y ha sido responsable del desplazamiento forzado de 144 familias triquis”, señaló la organización a través de un comunicado.
La organización recordó que el desplazamiento dio origen a la medida cautelar 279-22 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde se reconoce la presencia de un grupo armado que ha generado una ola de violencia en esta zona de comunidades triquis.
El Multi rechazó los señalamientos del MULT quien le ha acusado directamente de los hechos de este jueves, “Lamentamos la pérdida de vida de Alfredo Ramírez Díaz y las personas heridas; sin embargo, señalamos que estos hechos están siendo utilizados para encubrir la verdadera raíz de la violencia en la región triqui. Señalamos con firmeza: ningún integrante del MULTI transita en esa zona. Las acusaciones en nuestra contra son infundadas y buscan desviar la atención de quienes verdaderamente sostienen el control armado del territorio”, dijo.
Y exigieron justicia y retorno seguro para las familias desplazadas de Tierra Blanca Copala, así como el desmantelamiento de los grupos paramilitares en la región y la intervención inmediata del Estado para garantizar condiciones reales de paz con justicia.
Al mismo tiempo, la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) también hizo un llamado urgente a los gobiernos tanto estatal como federal, así como municipal de que asuman su responsabilidad con los pueblos originarios, y que garanticen investigaciones serias, imparciales y con resultados.
Además de que atiendan las causas estructurales de la violencia que actualmente viven las comunidades triquis.
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“Si bien han existido mesas de trabajo y promesas de atención, la realidad es que cuando la violencia recrudece se responde con discursos y cuando la situación se calma, el abandono vuelve a hacerse presente. El pueblo triqui no necesita simulaciones, necesita compromiso real”, expuso la organización.
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