El Grupo de Estudios Sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) denunció que Luis Alberto M. Z., hijo de un expresidente municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, continúa en libertad pese a haber sido sentenciado a prisión por el delito de violencia familiar.
La víctima Daniela Esteban Benítez, explicó, ha vivido durante más de cinco años, un proceso en el que se logró la sentencia de su agresor por violencia familiar, el cual sigue libre, lo que incrementa el riesgo para su integridad e incluso su vida.
GESMujer señaló que las violencias que sufrió Daniela Esteban fueron actos de tal gravedad que pusieron en riesgo su vida y la carpeta de investigación se integró como violencia familiar.
“Las mujeres que denuncian no tienen la obligación de saber de los delitos que enfrentan, pero las autoridades sí, por lo que causa una profunda preocupación que ante las y los Ministerios Públicos lleguen mujeres con un nivel de riesgo de violencia feminicida y no sean detectados como corresponde”.
Durante el proceso se dictaron medidas cautelares a favor de Daniel, sin embargo, la organización aseguró que no fueron respetadas por el agresor quien la intimidaba con su presencia y dado que no la agredió físicamente, la respuesta que recibió de las autoridades no fue efectiva, “sino que minimizaron estos actos amenazantes, lo que evidencia poca sensibilidad y desconocimiento del protocolo de atención ante la violencia basada en el género”.
Y advirtió que Luis Alberto M. Z. sigue en libertad pese a que se le dictó sentencia bajo el argumento de que actualmente hay un proceso de apelación en contra de la condena que recibió.
Para la organización, esto no sólo incrementa el riesgo para la integridad de la víctima, sino que también posibilita la posibilidad de que pueda huir de la justicia.
“La impartición y procuración de justicia debe aplicarse desde una perspectiva de género, lamentablemente se han conocido casos que por omisión o negligencia han dejado en libertad a los agresores, lo que representa un riesgo para las víctimas y para la sociedad. Demandamos atención urgente a este caso y que se garantice su acceso a la justicia”.
Mediante un comunicado, GESMujer sostuvo que este caso es relevante porque ejemplifica las barreras de acceso a la justicia que enfrentan las mujeres que toman la decisión de denunciar y la voluntad de mantenerse en su exigencia, aún y con todos los obstáculos que tienen que enfrentar.
Por ello, la organización responsabilizó a las autoridades de su protección inmediata ante posibles actos de conductas violentas y machistas.
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“Acciones, omisiones, dilación, re victimización por parte de las autoridades, son factores que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia, por lo tanto desde GESMujer hacemos un llamado a revisar las acciones de cada funcionaria y funcionario, evaluar la calidad de los servicios, supervisar que se aplique la perspectiva de género y detectar la violencia institucional y en su caso fincar responsabilidades penales, pues de una actuación profesionalizada depende la erradicación de la violencia hacia niñas y mujeres y de la máxima expresión de todas las violencias, la violencia feminicida”.