Pese a rechazo hasta de AMLO, edil de Ayutla entrega tierras y 50% de manantial a Tamazulápam
“Toda la semana se la pasaron amenazándonos" afectados declararon a EL UNIVERSAL y reiteraron que no están conformes con el acuerdo; autoridades de ambas comunidades ayuujk de la Sierra Norte buscan avanzar en la resolución de este conflicto
Oaxaca de Juárez.– Pese a que no cuentan con el aval de unos 22 comuneros afectados, sobre quienes la Procuraduría Agraria en Oaxaca recomendó respetar sus derechos sobre la tierra y ni siquiera porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a firmar como testigo, este sábado las autoridades de San Pablo y San Pedro Ayutla y Tamazulápam del Espíritu Santo ejecutan el acuerdo al que llegaron para disolución de la mancomunidad, mediante trabajos de brecheo y deslinde, como una forma de avanzar en la disputa de límites que arrastran ambas poblaciones.
Con este acuerdo, mismo que no es respaldado ni por la comunidad ni por los comuneros, quienes como protesta no asistieron a este acto, las autoridades de ambas comunidades ayuujk de la Sierra Norte buscan avanzar en la resolución de este conflicto, mismo que se acrecentó en junio de 2017 cuando Tamzazulápam despojó a Ayutla de unas 150 hectáreas de tierras donde se ubica su manantial y la obligó a vivir desde entonces sin acceso al agua potable para unas 3 mil personas que viven en la cabecera municipal.
Pese a que pobladores de Ayutla han documentado que las agresiones provienen de parte de un grupo de Tamazulápam y aunque cuentan con la sentencia definitiva 795/2017 de un juez federal que fue ratificada por un tribunal colegiado, en la que se ordena que la comunidad sea recolectados al agua, Jesús Rojas, el presidente municipal de Ayutla, así como otros integrantes del Cabildo y autoridades auxiliares de agencias que no están involucradas en la disputa, firmaron un acuerdo en el que ceden a todas las exigencias de Tamazulápam.
Como resultado de ese acuerdo, firmado el 2 de septiembre pasado, las tierras de 22 comuneros de Ayutla quedarán del lado de Tamazulápam. Además, el manantial será dividido al 50% entre ambas comunidades, pese a que la concesión le fue otorgada a Ayutla en 1999 por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Por los términos del acuerdo, los comuneros interpusieron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), solicitando medidas cautelares.
Incluso, en su conferencia del 30 de septiembre, el presidente López Obrador informó que negó a firmar el acuerdo al que llegaron las autoridades de ambos municipios, por considerar que se despojaba de sus tierras a los posesionarios y permanecía un grupo de inconformes, por lo que señaló que si aún existen resistencias, no puede darse como solucionado el conflicto, hasta que se cuente con el aval de todas las partes.
Aunque existen todas estas inconformidades, este día las autoridades municipales se reunieron en el paraje del Manantial para ejecutar el acuerdo. Según la Secretaría General de Gobierno (Segego), cuyos funcionarios acudieron sólo en calidad de testigos, los trabajos consisten en “breceheo y amojonamiento sobre la línea de colindancia entra ambas comunidades, en seguimiento a los acuerdos alcanzados para la disolución de la comunidad”.
La dependencia explica a EL UNIVERSAL que pese al rechazo a los términos del acuerdo, éste ya no fue modificado porque fue definido por las autoridades de ambas comunidades, mediante acuerdos de asamblea que están respaldados en actas, misas que han realizado en apego a su autonomía.
Al respecto, comuneros afectados denunciaron a este medio que este día sólo acudió el edil y algunos integrantes del Cabildo, pues la comunidad no asistido como forma de protesta, pese a las presiones tanto del presidente municipal Jesús Rojas, como del representante de Bienes Comunales Gualterio de Jesús Ramírez.
Según los posesionarios de Ayutla afectados, quienes piden omitir su identidad ante el temor a represalias, tanto el edil como el representante de Bienes Comunales los han estado amenazando tanto en las asambleas donde expresan su inconformidad como en los altavoces del pueblo.
“Toda la semana se la pasaron amenazándonos, diciendo en el altavoz del municipio que si no acudimos hoy, no entraríamos en el padrón de comuneros, aunque sabemos que no tienen autoridad para eso”.
Reiteraron que no están conformes con el acuerdo y que esto se ha expresado en las asambleas, donde se ha exigido el respeto a la posesión de sus tierras y advertido que no permitirán que se entreguen a Tamazulápam.
“Eso les ha molestado mucho al presidente municipal y al de Bienes Comunales. Cuando hemos manifestado el desacuerdo en la asamblea, nos han querido meter a la cárcel. Nos amedrentan con “hacer justicia por su propia mano” y acusando a las agencias para que nos amenacen”, finalizan.
