Piden no criminalizar y respetar derechos a defensoras del agua y la tierra en Ayutla Mixe, Oaxaca
Se indicó que la exigencia comunitaria de San Pedro y San Pablo Ayutla para tener acceso al agua de su manantial ha provocado señalamientos y criminalización por parte de autoridades municipales y estatales
Oaxaca de Juárez.— La exigencia comunitaria de San Pedro y San Pablo Ayutla para tener acceso al agua de su manantial “ha provocado señalamientos y criminalización por parte de autoridades municipales y estatales, así como ataques, amenazas y hostigamiento en redes sociales en contra de las personas defensoras en la comunidad”.
Lo anterior lo advierte la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), luego de que la firma de un acuerdo entre autoridades municipales de Ayutla y Tamazulápam, un grupo de 23 comuneros y comuneras denuncia que se violentan sus derechos como posesionarios de tierras que han mantenido por generaciones.
Esto porque en el acuerdo al que llegaron las autoridades municipales de ambas comunidades ayuujk, como una forma de superar el conflicto de límites que derivó en el despojo del manantial de Ayutla en junio de 2017, las parcelas de estos comuneros forman parte de las tierras que serán cedidas a Tamazulápam, población de donde es originario el grupo armado que se las arrebató hace más de cuatro años.
Se trata de parcelas de Ayutla ubicadas en los parajes Las Islas y El Manantial, que en conjunto suman unas 150 hectáreas de tierra. Según el propio acuerdo firmado por los ediles, se decidió ignorar la sentencia definitiva a favor de Ayutla y de estos comuneros.
Al respecto, los comuneros y comuneras presentaron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y exigieron medidas cautelares, pues denunciaron que nunca se les consultó ni se informó a la asamblea de Ayutla los detalles del acuerdo alcanzado por el edil Jesús Galván Rojas, vinculado al priismo regional.
En ese contexto, el domingo pasado fueron incendiados dos vehículos, uno de ellos propiedad del presidente municipal, ante lo cual se responsabilizó a “grupos radicales”; mientras que portales digitales y en redes sociales se crimializó a mujeres indígenas de un colectivo.
“Después de las recientes demandas de comuneras y comuneros afectados por la firma del reciente ‘acuerdo’ entre las comunidades de San Pedro y San Pablo Ayutla y Tamazulapam del Espíritu Santo (...) se han presentado varios señalamientos contra personas defensoras, mismos que se han intensificado a raíz del incendio de una camioneta propiedad del presidente municipal de Ayutla”, señala la Red TDT.
Para esta red de organismos civiles defensores de Derechos Humanos, es preocupante “que estos discursos sean empleados para atacar de manera directa al Colectivo de Mujeres de Ayutla, llegando al grado de particularizar y responsabilizarles de la comisión de esos hechos”.
Los organismos coincidieron en un pronunciamiento que estos señalamientos constituyen violencia de género “que tiende a desacreditar la labor de defensa que realizan las mujeres en la región”.
Además, dijo, “pretende estigmatizar e incitar al odio invisibilizando el problema de fondo: la lucha por el agua, y ahora, por la tierra en Ayutla”.
Ante ello la red advirtió que este sábado 25 de septiembre, la presidencia municipal de Ayutla ha convocado a una nueva asamblea en la comunidad con la intención de determinar las acciones a seguir contra los responsables del incendio.
Ante el clima de “hostigamiento previo y del riesgo de posibles represalias”, los organismos de la red exigen a todas las autoridades en sus diferentes niveles, “garantizar a las mujeres defensoras las condiciones necesarias para el ejercicio pleno y seguro de la defensa de sus derechos y evitar la descalificación de las denuncias, la criminalización o represalias en su contra”.
A las autoridades estatales y municipales, se pide “el respeto irrestricto de la vida e integridad física y psicológica de las personas defensoras de Ayutla Mixe, así como evitar cualquier acto represivo en contra de ellas en el ejercicio de defensa de sus derechos”.
Mientras que q los organismos de derechos humanos de Oaxaca y federal exigen que personal de estas instituciones se apersone en el lugar de los hechos para documentar y dar seguimiento a las quejas abiertas por violaciones a derechos humanos.
“Anteriormente hemos denunciado esta misma situación, por lo que pedimos una solución urgente y de fondo que garantice el pleno respeto a los derechos humanos de las personas defensoras del agua, la tierra y el territorio en Ayutla, Oaxaca”.
Consultada por EL UNIVERSAL, la propia Procuraduría Agraria reconoció que el escenario ideal para que se avance en la solución al conflicto entre ambas comunidades y la violación al derecho humano al agua, es que se respete la posesión de las tierras de los comuneros y comuneras de Ayutla, sin importar que éstas queden del lado de Tamazulápam, para lo cual la dependencia se ofrece para acompañar un posible arreglo, como parte del perfeccionamiento jurídico del acuerdo tomado por las autoridades municipales.
