Polos de Bienestar del Interoceánico dependen de la aprobación de pueblos indígenas de Oaxaca: INPI
Antes de que la Federación comience con la compra de tierras para la construcción de estos 10 parques industriales se tendrá que consultar a los habitantes de los municipios entre ambas entidades que finalmente los alberguen, y si no están de acuerdo no podrá avanzarse, asegura
Juchitán de Zaragoza.— La instalación de los Polos de Desarrollo o parques industriales a lo largo de la ruta del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) tendrá que ser consultada primero con los habitantes de los municipios que los albergarán para que la autoricen o no, revela el Coordinador de Derechos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Aguilar.
El resumen Ejecutivo del Plan Maestro del CIIT señala que en el corredor que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, se tienen identificados 10 municipios entre ambas entidades donde se instalarán los Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis), los cuales albergarán centros agroalimentarios e industrias pesadas y ligeras.
Dichas consultas están consideradas desde fines de marzo de 2019, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el INPI realizaron las asambleas consultivas entre los pueblos impactados por el paso del Tren Transístmico, y el CIIT es consciente de dicho requisito, asegura el funcionario del instituto.
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Incluso, a petición del titular del CIIT, Rafael Marín Mollinedo, en un oficio recibido en el INPI el 14 de enero del año pasado, el director general de esa dependencia, Adelfo Regino Montes, le respondió que las consultas indígenas son necesarias para proteger el territorio y que deben ser libres, previas e informadas.
“Antes de que comience el proceso de compra de tierras a los campesinos de los pueblos impactados con el paso del Tren Transístmico, el CIIT tiene la obligación de ajustarse a las normas constitucionales y a los convenios internacionales, como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la ONU, y, en ese desafío, el INPI será coadyuvante”, dice Hugo Aguilar.
Desde el año pasado, explica, el INPI comenzó a elaborar los protocolos de las consultas que el CIIT deberá poner en marcha a partir de abril en los 10 puntos identificados para el establecimiento de los polos, si son comunidades indígenas.
Foto: Tomada de Facebook
De acuerdo con el INPI, se consultará a todos los ciudadanos, sean comuneros o ejidatarios y tengan o no tierras en el polígono en cuestión, pues “se tomará la opinión de quienes vivan en la demarcación o que estén dentro del área de impacto”.
Por ejemplo, en una de las peticiones del Corredor Interoceánico, identificada con el folio CIIT/DG/0012/2020, sobre la factibilidad de una consulta indígena sobre el proyecto Polo de Bienestar de Ciudad Ixtepec, el INPI responde que deberán participar todos los ciudadanos de ese municipio, más los pobladores de El Carrizal o Chivaniza, que tiene 66 habitantes cerca del polígono.
Y falta la ambiental
Mientras eso sucede, en comunidades como San Blas Atempa la asamblea de comuneros autorizó a sus autoridades a que inicien las negociaciones con el CIIT para vender un polígono de 340 hectáreas de tierra.
En la asamblea, realizada el 14 de marzo, participaron 968 comuneros, de un total de mil 748, y fue supervisada por la Procuraduría Agraria (PA).
En dicha asamblea se facultó a las autoridades comunales a que inicien el proceso de venta de las tierras que no tienen vocación agrícola ni ganadera. No obstante, aún falta la consulta indígena a toda la población.
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“Si una comunidad vota en la consulta que no está de acuerdo con el Polo de Desarrollo, se le respetará la decisión”, dice el funcionario, quien agrega que, además de la consulta indígena, le tocará a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hacer otra consulta que corresponda al medio ambiente.
“Una vez que los pueblos sepan qué tipo de empresas o industrias se establecerán en ese polo, entonces también deberán ser consultados en forma libre, previa e informada sobre los impactos en materia ambiental”, explica.
Para defensores ambientales, esas consultas no garantizan que se respete la voluntad de los pueblos; ponen como ejemplo las realizadas en marzo de 2019 para la rehabilitación de las vías del tren.
