Activistas de la región del Istmo de Tehuantepec exigieron que se aplique el principio de prevención para inmovilizar maquinarias y volteos presentes en Loma Lope, a el fin de impedir que continúe la extracción de material pétreo y trasladarlas a un depósito como parte de los procesos penales.
En marzo de 2024 se obtuvo el amparo 54/2024 con el que se protege el área natural conocida como Loma Lope, ubicada al oriente de la comunidad de Unión Hidalgo, y donde la empresa Grupo Ferrocarrilero del Sureste (GFS) extrae material pétreo sin autorización ambiental para surtir a la Línea K del Tren Transístmico que atraviesa Unión Hidalgo.
Organizaciones sociales y activistas han denunciado que tanto GFS, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la Secretaría de Marina han incumplido con esta sentencia de amparo; además, se han interpuesto diversas denuncias ante la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y ante la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social.
Desde octubre de 2023, la Secretaría de Marina (Semar) pretendió operar un Banco Pétreo sin autorización de la asamblea de bienes comunales, cuya obra no cuenta con permiso de operación desde diciembre de 2018.
Cuando la comunidad buscó información sobre este proyecto y un acercamiento con la Semarnat y la empresa GFS, se percató del ecocidio que se cometía en su territorio por el derribo de más de 9 mil árboles nativos, entre ellos, especies protegidas establecidas en la NOM 59 de la Semarnat.
Dentro de las acciones de defensa que han emprendido las y los defensores zapotecas, desde inicios de 2024, ha sido un bloqueo en el kilómetro 42, que derivó en una reunión con la Secretaría de Marina, la cual les negó implementar un proyecto de reposición de especies, además de declarar que la Semarnat exentó la realización de un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) por tratarse de una obra prioritaria del Gobierno federal.
De igual manera, interpusieron un amparo para exigir la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), luego de que iniciara operaciones el banco pétreo, así como la devastación y tala de árboles los cuales señalan no fueron protegidos, ni reubicados; por el contrario, marinos quemaron todas las especies en los mismos terrenos.
Los activistas estiman que diariamente se registran cerca de 400 descargas de camiones de arena, grava y demás material para la rehabilitación de las vías, mismos que obtienen de cerros y recursos naturales de la zona, lo que representa una violación a los derechos de la comunidad, un atentado contra su medio ambiente y una grave omisión de las autoridades para preservar sus recursos naturales y la vida en Unión Hidalgo.
En un escrito, los defensores y defensoras de derechos humanos Edgar Martín, Andrea Manzo, Laureano Toledo López, Rosario Cuevas Castellanos, José Arenas López y Flor de María Fuentes Ordaz manifestaron su preocupación “por la falta de creatividad y compromiso de las fiscalías en las siguientes carpetas de investigación iniciadas en defensa del medio ambiente de nuestro territorio: 1599/2022 FGR, Matías Romero, Oaxaca; 25329/VIGE/UDDH/2024 Trascendencia Social, Oaxaca; 1992/2024 FGR, Matías Romero, Oaxaca, y 33160/JUCHITAN/2025 FGEO”.
El documento fue dirigido a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y ante la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social.
“Reconocemos que en esta ocasión, los intereses de personajes de la política local y regional están muy presentes; sin embargo, también tenemos claro que las investigaciones deben ser objetivas, imparciales, y exhaustivas.
“Mientras tanto, con base en el derecho de acceso a la justicia consagrada en el Acuerdo de Escazú y tomando en cuenta el daño irreparable en curso, exigimos que se aplique el principio de prevención para inmovilizar maquinarias y volteos presentes en Loma Lope y trasladarlas a un depósito como parte de los procesos penales”, señalaron en el escrito.