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Lo anterior tuvo lugar el pasado miércoles y se dio a conocer este jueves a través de un video enviado al medio regional El Piñero de la Cuenca, en donde se denunció que a través de la asamblea comunitaria varias personas fueron encarceladas y violentadas en su integridad física por negarse a cumplir cargos religiosos. Posteriormente, fueron amenazadas con ser desterradas por profesar una religión distinta a la católica, que practica la mayoría de la población, violando su libertad de asociación y derechos ciudadanos.
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Precisó que es un problema que afecta no sólo a la comunidad El Arena, sino también a otras tres agencias, por lo que se les ha notificado al regidor y el síndico que, a pesar de que la comunidad se gobierne por usos y costumbres, no pueden estar por encima de la ley.
El delegado de paz, que depende de la Secretaría de Gobierno (Sego), señaló que tras varias horas de diálogo se redujo la posibilidad de algún enfrentamiento en la población y finalmente las cuatro personas que estaban encarceladas fueron liberadas.
“Es inconstitucional que el gobierno reconozca a una autoridad que tiene un sistema normativo, que viola principios de la Constitución o leyes internacionales, es como si a cualquier trabajador de una empresa lo obligaran a ir a la basílica a ver la Virgen de Guadalupe. La autoridad, cuando se trata de usos y costumbres, prefiere no aplicar la ley, aunque sea un tema del uso de la libertad”, sostiene el especialista.
“Es necesario hacer una reforma para que se quite en los sistemas normativos el sistema de cargos vinculados con cualquier religión o iglesia, ya sea mayordomos o sacristanes o el que sea. Y que estás personas que profesan otra religión puedan cumplir con otro tipo de trabajos y no obligarlos a profesar creencias en las que no están de acuerdo y menos ser obligados irse de los pueblos por negarse”, detalló Flores Zuñiga, quien lleva 20 años impulsando reformas constitucionales en esta materia.
