Por no ser católicos, encarcelan a 4 personas en San Juan Lalana, pueblo chinanteco de Oaxaca
También fueron destituidos de sus cargos y amenazados con ser expulsados de la comunidad por no cumplir encomiendas católicas; Estado permite intolerancia religiosa por usos y costumbres, acusan
Tuxtepec.- Al menos cuatro personas de religión evangélica fueron encarceladas por más de 48 horas, amenazadas y destituidas de cargos comunitarios por negarse a participar en encomiendas católicas en San Isidro el Arenal, población chinanteca de San Juan Lalana, al norte de Oaxaca.
Lo anterior tuvo lugar el pasado miércoles y se dio a conocer este jueves a través de un video enviado al medio regional El Piñero de la Cuenca, en donde se denunció que a través de la asamblea comunitaria varias personas fueron encarceladas y violentadas en su integridad física por negarse a cumplir cargos religiosos. Posteriormente, fueron amenazadas con ser desterradas por profesar una religión distinta a la católica, que practica la mayoría de la población, violando su libertad de asociación y derechos ciudadanos.
Al respecto, el delegado de paz en la Cuenca del Papaloapan, Roberto Flores Espinoza, confirmó los hechos a EL UNIVERSAL e informó que será el próximo miércoles 29 de noviembre cuando se reúnan funcionarios del gobierno estatal, a través de la unidad de Asuntos Religiosos, en la ciudad de Tuxtepec para atender el conflicto de San Juan Lalana.
Precisó que es un problema que afecta no sólo a la comunidad El Arena, sino también a otras tres agencias, por lo que se les ha notificado al regidor y el síndico que, a pesar de que la comunidad se gobierne por usos y costumbres, no pueden estar por encima de la ley.
El delegado de paz, que depende de la Secretaría de Gobierno (Sego), señaló que tras varias horas de diálogo se redujo la posibilidad de algún enfrentamiento en la población y finalmente las cuatro personas que estaban encarceladas fueron liberadas.
“No existe riesgo de que escale el asunto a un nivel mayor de violencia ya que han podido concretar una reunión con Eliseo Gómez Cerón, presidente de la Iglesia Príncipe de la Paz de México y el pastor y misionero Onesimo Carrera, además de la organización Manos Unidos de Obreros y Campesinos de Veracruz, que se encuentran también en el territorio interviniendo en el conflicto”, explicó.
No obstante, para Porfirio Flores Zuñiga, abogado defensor de personas indígenas que enfrentan discriminación religiosa, como en este caso, el conflicto corre el riesgo de escalar porque está permitiendo la intolerancia religiosa por las mismas instituciones del Estado.
“Es inconstitucional que el gobierno reconozca a una autoridad que tiene un sistema normativo, que viola principios de la Constitución o leyes internacionales, es como si a cualquier trabajador de una empresa lo obligaran a ir a la basílica a ver la Virgen de Guadalupe. La autoridad, cuando se trata de usos y costumbres, prefiere no aplicar la ley, aunque sea un tema del uso de la libertad”, sostiene el especialista.
En entrevista, explica que el asunto de fondo tiene que ver con la intolerancia religiosa permitida por el Estado, que pone por encima de la libertad y los derechos humanos el sistema normativo indígena.
“Es necesario hacer una reforma para que se quite en los sistemas normativos el sistema de cargos vinculados con cualquier religión o iglesia, ya sea mayordomos o sacristanes o el que sea. Y que estás personas que profesan otra religión puedan cumplir con otro tipo de trabajos y no obligarlos a profesar creencias en las que no están de acuerdo y menos ser obligados irse de los pueblos por negarse”, detalló Flores Zuñiga, quien lleva 20 años impulsando reformas constitucionales en esta materia.
