El pasado 26 de febrero, EL UNIVERSAL publicó que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no existe forma de acreditar que el gobierno federal haya realizado una consulta a los pueblos originarios que serán afectados por el proyecto, tal y como está obligado por convenios internacionales.
Además, desde 2020 se han contabilizado al menos 36 expulsiones de cuadrillas de trabajadores que pretenden iniciar los trabajos pero sin contar con el permiso de las comunidades para entrar a sus territorios.
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