Tlaxiaco.– Una cuota de mil pesos semanal era el cobro de piso que realizaban elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) a talleres de cepillado de madera en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, de acuerdo con víctimas; piden que se investigue y sancione a los funcionarios públicos involucrados.
El cobro de piso y extorsión comenzaron en el mes de abril del 2025, cuando en el taller de cepillado de Manuel Sánchez, ubicado en el boulevard tecnológico en la Tlaxiaco, tres personas que se identificaron como agentes de Investigación Criminal acudieron a pedir mil pesos de manera quincenal, para que el taller siguiera operando, semanas después, el pago se exigió de manera semanal.
“En el mismo mes de abril se presentaron en su negocio nuevamente, en esta ocasión de manera prepotente e intimidante le dijeron, que si no les daba la cuota ese día, el día que lo encontraran en la calle iba a ser un trato diferente, por lo que, al sentirse amenazado y vulnerable, de manera forzada, accedió a darles la cuota que le exigían, por lo que le recalcaron que ahora la cuota iba a ser de manera semanal”, explica un comunicado del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas CEDHAPI A.C. que acompaña a las víctimas.
Después de este suceso, Manuel Sánchez Rojas y otras cinco personas más también afectadas y extorsionadas acudieron con el síndico municipal de Tlaxiaco a presentar una denuncia, quien informó los hechos denunciados por medio de un escrito a la delegación de la FGR de Oaxaca.
Las autoridades iniciaron la carpeta de investigación número FED/OAX/OAX/0000690/2025 por el delito de extorsión. Tras la denuncia, a principios de agosto nuevamente dos elementos, los mismos de la vez pasada, acudieron a la dirección de Manuel Sánchez sin presentar ninguna orden de aprehensión, los funcionarios se retiraron al ver el arribo de familiares y vecinos.
"Cateo" y robo de materiales sin orden de un juez
Sin embargo, el 9 de agosto, de acuerdo a la denuncia cerca de 90 elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Agentes de Investigación Criminal, acompañados de personas de la Fiscalía General de la República y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) catearon el taller de cepillado sin presentar ninguna orden de juez.
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En el cateo, según un comunicado de la misma FGR, las autoridades aseguraron un trompo para madera, cuatro cepillos para madera, una canteadora para madera, una sierra circular, 281 tablones, 380 tablas, 83 barrotes, 69 polines y 46 vigas, un total de 859 piezas de madera.
Por los hechos, las víctimas y el Cedhapi exigen que se investigue de manera imparcial y urgente las denuncias de extorsión y cobro de piso que han realizado los agentes de la FGR. Además de iniciar de manera paralela una investigación interna, donde se deslinden responsabilidades y se sancione a los servidores públicos involucrados.
La organización de derechos humanos pide que se otorguen medidas de protección a Manuel Sánchez Rojas, su familia y demás personas afectadas, “para salvaguardar su vida e integridad física y evitar cualquier represalia en su contra por haber realizado la denuncia pública de estos hechos”.
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De igual manera que se revisen y apliquen los protocolos de actuación de los funcionarios y de la Profepa, para evitar abusos de autoridad, cateos sin orden judicial y actos de intimidación en contra de pequeños negocios; Que se devuelvan de inmediato las maquinarias, herramientas y materiales asegurados sin orden judicial en el taller de cepillado.
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