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El pasado 30 de octubre de 2025 inició la reposición de audiencias de debate contra 21 indígenas chontales de El Coyul, población ubicada en la costa del Istmo de Tehuantepec de Oaxaca, quienes se han opuesto al despojo de mil 452 hectáreas de la comunidad para la construcción del Proyecto Residencial Punta Faro.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que los indígenas chontales enfrentan un proceso judicial profundamente injusto y desproporcionado por la defensa legítima de su territorio.
Además, aseguraron que el proceso ha estado plagado de irregularidades y su objetivo ha sido criminalizar a quienes defienden su tierra frente a los “intereses privados y corruptos de unos cuantos”.
El 6 de noviembre se realizó la segunda audiencia, y en ambas se presentaron testigos de las partes.
Según las organizaciones sociales, se ha dejado entre ver que la parte acusadora se contradice y busca evitar declaraciones que ponen en riesgo sus argumentos iniciales que fundamentan la denuncia penal.
La comunidad de El Coyul, perteneciente al pueblo chontal de la costa del Istmo de Tehuantepec, ha administrado 1 mil 452 hectáreas de tierra desde 1972, bajo la figura legítima y colectiva de la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul.
Estas tierras, trabajadas y habitadas por más de 125 familias, explicaron, han sido base de su economía, identidad y vida comunitaria.
Sin embargo, desde hace más de dos décadas, este territorio ha sido objeto de un constante hostigamiento jurídico encabezado por particulares que pretenden despojarlos con documentos falsificados y con el respaldo de intereses empresariales y políticos ligados al proyecto turístico-inmobiliario “Punta Faro” y a organizaciones fraudulentas que atentan contra los bienes comunales y naturales, como es el caso de la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias Costa Istmo (UNECACI).
“Denunciamos que detrás de estas acusaciones de despojo agravado se oculta una estrategia de despojo sistemático, que busca privatizar la costa oaxaqueña y castigar a quienes defienden la vida y el territorio. El Estado mexicano y el gobierno de Oaxaca, en lugar de proteger los derechos de las comunidades, aplauden y permiten sentencias desmedidas que responden a los intereses corruptos de jueces, ministerios públicos y empresarios, en contubernio con organizaciones vinculadas al crimen organizado”.
En específico señalaron a Alfredo Manuel Mena Alonso, operador político que actúa como apoderado legal de Joel Ricárdez, representante de la UNECACI, “organización vinculada a una red de venta ilegal de playas y tierras comunales en la región”; Joel Ricárdez López, quien afirma ser dueño de las mil 452 hectáreas en disputa, y quien es el principal impulsor del Proyecto Residencial Punta Faro, un desarrollo turístico que “busca privatizar y destruir zonas de manglar, playa, selva y territorios de alto valor ecológico, que históricamente han sido resguardados por nuestra comunidad”.
Así como a Rigoberto Cruz Cartas, a quien señalaron de encabeza la “fraudulenta Sociedad Oax S.C.”, y de quien sostuvieron, es el responsable directo de haber desplazado por la fuerza a la verdadera Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul en febrero de 2023, “apropiándose de los terrenos que hoy reclama, que mantiene en posesión ilegal y vigilados con gente armada”.
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Las organizaciones exigieron a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y al Gobierno del Estado de Oaxaca que actúen con imparcialidad, transparencia y respeto al debido proceso, y “que no se presten a intereses particulares ni económicos que atentan contra mujeres, personas mayores y familias campesinas que han defendido su sustento y su historia por generaciones”.
Afirmaron que la omisión, la parcialidad o la inacción de las autoridades judiciales no sólo vulneran el Estado de derecho, sino que los coloca en complicidad con quienes buscan despojar y criminalizar a las comunidades indígenas y campesinas de Oaxaca.
“Desde las organizaciones firmantes, exigimos la revocación de cualquier sentencia injusta y el cierre definitivo del proceso judicial contra las personas defensoras de El Coyul”, y responsabilizan a las autoridades del clima de división, violencia, persecución, amenazas, acoso, hostigamientos y de cualquier medida de presión, difamación y agresión en contra los habitantes del Coyul.
Entre las organizaciones se encuentran el Frente Popular Revolucionario, Servicios para una Educación Alternativa, Asamblea de Pueblos, Unión de Pueblos Chocholtecos y Mixtecos y el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas.
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