El proceso judicial contra 21 personas indígenas chontales del Coyul, agencia municipal de San Pedro Huamelula, se reanudó ayer con el inicio de la audiencia de debates en la Sala de Audiencias del Tribunal de Juicio Oral de Tehuantepec.
Los 21 indígenas chontales son acusados del delito de despojo agravado de mil 452 hectáreas a unos particulares, pero que la comunidad sostiene que son de su propiedad al ser un territorio ancestral, que incluye playa, manglares, selva y zonas de alto valor ecológico y cultural.
El 8 de mayo de 2024, el juez Onasis Aureliano Díaz Morgan, presidente del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario Dos del Istmo, los condenó por este delito a 15 años de prisión, al pago de una multa de 55 millones de pesos por el concepto de reparación del daño, y al pago de una multa de 90 mil pesos por cada uno de ellos.
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La audiencia de debates inició ayer a las 12:00 horas ante el juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial del Istmo, Antonio Jiménez Carballo.
La comunidad chontal de El Coyul afirmó que este delito fue fabricado contra los integrantes de su Sociedad Agrícola Ganadera organizada desde 1972, sin pruebas sólidas y sin respeto al debido proceso.
El objetivo, afirmó, es despojarlos de esas mil 452 hectáreas a través de un entramado entre particulares, notarios, funcionarios judiciales y autoridades que están coludidas bajo intereses inmobiliarios en esta zona, ya que ahí se pretende construir el proyecto residencial “Punta Faro”.
Y señalaron como los principales responsables de este despojo a Alfredo Manuel Mena Alonso, representante de la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias Costa Istmo (UNECACI) y apoderado legal de Joel Ricárdez López; Joel Ricárdez López, quien asegura que es el dueño de las mil 522 hectáreas en conflicto; y Rigoberto Cruz Cartas, presidente de la “apócrifa Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul Oax S.C., figura que busca legitimarse con documentación ilegal”.
Las pruebas de descargo, aseguró la comunidad, fueron sistemáticamente ignoradas, las evidencias de su legítima posesión comunal desestimadas, y las irregularidades en el proceso fueron documentadas, sin que se corrigieran las violaciones legales.
Con el reanudación del proceso judicial en su contra, la comunidad exigió la anulación inmediata de la sentencia contra 21 defensores del territorio indígenas Chontales de la comunidad del Coyul; el cese de la criminalización contra su comunidad y sus formas de organización; y la cancelación de todos los permisos ambientales y catastrales que dan paso al proyecto residencial Punta Faro.
“El proceso judicial que enfrentamos no es un caso aislado. Es reflejo de una política estructural que utiliza la ley como arma de represión contra los pueblos que defienden su tierra y su autonomía frente a los intereses del despojo”, manifestó la comunidad.