Un grupo de personas de la comunidad de San Juan Juquila Mixes denunció que ex autoridades municipales, entre ellas el expresidente municipal Fidel Urbieta y al ex síndico Israel Pérez, fueron privados ilegalmente de su libertad por hombres vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Mediante un comunicado, explicó que la privación ilegal de la libertad bajo el argumento del presunto desvío de recursos públicos, se realizó sin acuerdo de la Asamblea General y sin denuncia previa ante las instancias competentes. “Lo que configura claramente delitos del orden penal”, señalaron.
Aseguró que estos actos fueron cometidos por particulares, quienes mantienen retenidas ilegalmente a las ex autoridades municipales, “razón por la cual la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en las próximas horas, podría iniciar las carpetas de investigación correspondientes en contra de las siguientes personas”.
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Y señalaron como los presuntos responsables a Benigno Miguel Pérez, Graciano Pérez Telesforo, Luis Alfonso Espina Pérez – ex presidente municipal - , Ignacio Espina Espina, señalado como supuesto integrante de la Sección 22 SNTE, Abihu Urbieta Peralta, Fernando Desiderio, también presunto integrante de la Sección 22 del SNTE, y Mario Urbieta Desiderio, presidente del Comisariado de Bienes Comunales.
A este último lo acusó de haber “negociado y cobrado fuertes sumas de dinero, así como de intervenir en la negociación para la liberación de personas detenidas del municipio vecino derivado de un conflicto comunitario”.
Ante la acción “omisa, permisiva o negligente” del actual síndico municipal de San Juan Juquila Mixes, afirmó que éste podría ser sujeto de responsabilidad administrativa y penal por abuso de autoridad, al no actuar conforme a sus obligaciones legales para salvaguardar la integridad física y los derechos de las personas retenidas.
“Todo lo anterior evidencia claramente que estos hechos constituyen actos de intimidación, presión y violencia política, cuyo objetivo es inhibir la participación ciudadana y atemorizar a la población, de cara al proceso de revocación de mandato programado para el próximo día 25 del presente mes”.
En el comunicado, exigieron la liberación inmediata e incondicional de las ex autoridades retenidas y privadas ilegalmente de su libertad, la intervención urgente de la Fiscalía General del Estado y de los organismos de derechos humanos; y que se garantice la seguridad, gobernabilidad y libre participación de la ciudadanía, sin amenazas ni coerción.