Por tercer día consecutivo, habitantes de la comunidad de San Juan Luvina mantienen bloqueada la carretera federal que conduce al municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, población de la región de la Cuenca del Papaloapan, para exigir la entrega inmediata de los recursos municipales de los Ramos 28 y 33.
La población aseguró que estos fondos fueron desviados de manera unilateral y arbitraria por el presidente municipal de San Pablo Macuiltianguis, Jorge Mauro García Ruiz, "atentando contra el desarrollo y los derechos de nuestra población".
"La autoridad de la cabecera municipal basó su decisión", agregó, "en una certificación falsa emitida por la Secretaría Municipal sobre hechos inexistentes. Con este documento ilegal, se convocó de manera exprés al Consejo de Desarrollo Municipal para que, en menos de 72 horas, rescindiera el contrato y cancelara la obra pública de San Juan Luvina".
De acuerdo con la comunidad, los recursos revocados ilegalmente ascienden a 2 millones 273 mil 59.58 pesos del Fondo III y 548 mil 823.53 pesos del Fondo IV. Este presupuesto corresponde legítimamente al 54.43 por ciento de la población de la Agencia Municipal; un porcentaje ya reconocido y dictaminado a su favor por la Sala Unitaria Especializada en Controversias Administrativas entre Municipios y sus Agencias el pasado 11 de mayo de 2026.
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La comunidad denunció que estos fondos ahora pretenden reasignarlos a obras en la cabecera municipal.
"La asignación y administración directa de nuestros recursos no es una concesión, un favor o un privilegio de la cabecera municipal; es un derecho constitucional consagrado en el Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
Esta ley, explicó, faculta a las comunidades originarias a administrar su propio presupuesto y nos otorga el derecho a participar activamente en el diseño de los ingresos y egresos municipales, un ejercicio de justicia elemental del cual hemos sido excluidos sistemáticamente en nuestro municipio.
Sobre las declaraciones del alcalde de San Pablo Macuiltianguis, aclaró que el sobreseimiento del amparo de ninguna manera significa que la justicia le haya dado la razón al municipio de San Pablo Macuiltianguis.
"Dicha resolución se debió a una interpretación limitada e incompleta del Juez Ulises Cuauhtémoc Reyes, Titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. El juzgador omitió el análisis obligatorio desde una perspectiva intercultural, razonando de manera restrictiva que las Agencias Municipales no pueden promover juicios de amparo por ser supuestas autoridades supraordinadas".
San Juan Luvina acusó al juez de ignorar que las agencias acudieron bajo una doble personalidad: en calidad de Agente Municipal y como representantes legales y legítimos de la comunidad indígena.
Actualmente, informó, el expediente ya se encuentra radicado en el Tribunal Colegiado para revisar la limitada determinación del juez a la luz de la nueva reforma constitucional.
"Confiamos en que, debido a su trascendencia, el caso sea atraído y remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que su resolución establecerá un precedente histórico y un nuevo criterio que oriente a los juzgadores federales del país cuando los pueblos indígenas reclamen sus derechos presupuestales", finalizó.