La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de despojo cometido por particulares de más de 300 hectáreas de la comunidad de San Francisco Cozoaltepec, situadas a orilla de playa en la localidad de Tilzapote; y que podría representar un perjuicio para el Estado mexicano de más de seis mil millones de pesos, a favor de los despojadores.
Para la comunidad, esta decisión representa una esperanza para obtener justicia y no perder sus tierras comunales, tras más de 15 años de una lucha jurídica en la que se han enfrentado a presuntos actos de corrupción en los juzgados federales de Oaxaca.
“Confiamos en esta nueva Suprema Corte para hacer efectivo el acceso a la justicia y el estado constitucional del derecho, nace la esperanza que esta Corte en verdad haga justicia a los más desprotegidos como lo es nuestra comunidad agraria, y que además como lo ha sostenido su propio ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, quien también es oaxaqueño, que esta nueva Suprema Corte fue constituida y creada para hacer justicia a los más desprotegidos como son los grupos vulnerables y comunidades indígenas”, dijo.
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Desde el año 2011 un grupo de personas, mediante hechos y documentos falsos, se confabularon con abogados de la Procuraduría Agraria de ese tiempo, quienes simularon defender a la comunidad para cometer el fraude en perjuicio de la comunidad.
En un primer momento, en mayo de 2016, estos dos particulares que se presentan como matrimonio, Pedro Martínez Araiza y Domitilia Guzmán Olivera, obtuvieron una sentencia agraria sobre la procedencia de la acción agraria de exclusión de aproximadamente 300 hectáreas de terreno comunal; es decir, se desincorporaron de la propiedad de la comunidad.
Lo anterior, denunció la comunidad de San Francisco Cozoaltepec, con la complicidad del entonces Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21 en el Estado, en el expediente número 414/2014.
De acuerdo con las autoridades agrarias, posteriormente con la complicidad y corrupción del Juez Primero de Distrito en el Estado, en el expediente de amparo número 1226/2017, y de los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en materia Civil y Administrativa, obtuvieron también esos particulares, una resolución a su favor en el incidente de cumplimiento sustituto por la inejecución de la sentencia agraria, por la cantidad de más de seis mil millones de pesos.
La autoridad agraria de San Francisco Cozoaltepec consideró esta sentencia como injusta e ilegal y por eso, explicó, la comunidad interpuso el recurso de queja con la cual se formó el expediente número 511/2025, del índice del Primer Colegiado en materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito.
Sin embargo, ante la falta de parcialidad de los juzgadores en favor de los particulares, también promovió la acción de atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que fuera ésta quien conociera y resolviera la queja planteada.
Esto, apuntó, porque es “un asunto de suma importancia y trascendencia jurídica, ya que de confirmar la resolución dictada por el Juez Primero de Distrito, además de perder en forma definitiva las 300 hectáreas de tierra de la comunidad de San Francisco Cozoaltepec, se le causará un perjuicio al erario del Estado Mexicano, consistente en pagar más de seis mil millones de pesos a favor de Pedro Martínez y Domitila Guzmán”. Cantidad de dinero, señaló, que dejará de ser destinada a las actividades y suministros organizados por el estado para satisfacer las necesidades esenciales de la población como son salud, seguridad, y educación.
La comunidad precisó que el caso fue atendido por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien ejerció la facultad de atracción bajo el número de expediente 506/2025, y posteriormente se turna para su conocimiento y resolución, a la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
“Esta solicitud de atracción se hizo en muchas ocasiones por la comunidad en las diversas quejas planteadas, pero el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa las desechó señalando que eran improcedentes, hasta que la ministra del pueblo Lenia Batres Guadarrama, al identificarse con el sentir del pueblo en demanda de justicia y principalmente al escuchar su reclamo se percató del claro y evidente despojo de las tierras que sufrió la comunidad agraria”, expresó.
La autoridad agraria confió en que la ministra Loretta Ortiz haga justicia en su proyecto, y todos los ministros de esta nueva corte que nació con la encomienda de hacer justicia para los más desprotegidos, ya que desde el inicio de su juicio, los juzgadores como Jueces de Distrito, Magistrados del Tribunal Unitario Agrario, Magistrados del Colegiado, e incluso su propio abogado de la Institución de la Procuraduría Agraria de ese tiempo, se confabularon y condujeron en forma parcial hacia los particulares para que obtuvieran sentencias en su favor. Lo anterior, señaló, fue lo que llevó a que el núcleo agrario perdiera sus tierras en la acción de exclusión.
“Se tiene plena confianza que por fin se haga justicia a nuestra comunidad agraria denominada San Francisco Cozoaltepec, por las evidentes y claras violaciones al derecho de defensa, así como múltiples violaciones procesales en todos y cada uno de los juicios instaurados en nuestra contra”, y que las autoridades judiciales tenían obligación de advertir, al tener la obligación de la suplencia de la queja en favor de una comunidad desprotegida de origen indígena como lo establece la propia ley, expresó.
Sobre todo, señaló, porque hay intereses de funcionarios, políticos estatales y federales, “para enriquecerse a costa de la comunidad”.