Municipios | 30-11-21 | 23:12 | Actualizada | 13-04-25 | 16:38 |
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.- Los comuneros de Unión Hidalgo y organizaciones de derechos humanos  que interpusieron una acción legal ante el Tribunal civil de París (Tribunal Judiciaire) en la que demandan la suspensión del proyecto de parque eólico Gunaa Sicarú, de la empresa Électricité de France (EDF), se sienten decepcionados por la resolución del juez al desestimar  la solicitud parcialmente por motivos de formalidad procesal.

Los comuneros y  las organizaciones de derechos humanos Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) señalaron en un comunicado que el tribunal perdió una oportunidad histórica de proteger los derechos de un pueblo indígena mexicano frente a los intereses empresariales de Francia.

Señalaron que en lugar de ordenar a Électricité de France que suspenda inmediatamente la construcción del parque eólico en Oaxaca por no consultar al pueblo de Unión Hidalgo en el proceso de planificación, lo que supone una clara violación a sus derechos humanos, el tribunal desestimó.

La reciente resolución forma parte de los procedimientos previos al juicio principal y aunque no excluye todas las opciones de las demandantes en este procedimiento, la decisión del tribunal entorpece la búsqueda de justicia, dijeron las organizaciones, quienes junto con la comunidad zapoteca presentaron la acción legal en octubre de 2020.

Foto: Twitter ProDESC.

 “Estamos decepcionados con la decisión del juez pero seguiremos adelante en nuestra búsqueda de justicia. Es lamentable que la justicia francesa haya decidido hacer oídos sordos y callar ante los abusos cometidos por las empresas de ese país, en este caso EDF“, dijo Guadalupe Ramírez, miembro del Comité de Resistencia de Unión Hidalgo, sobre la decisión de la jueza de no otorgar la medida precautoria.

Sin embargo, la defensora dijo que “al final es una buena noticia saber que el juicio va, qué podremos presentar el caso y que seguiremos adelante (en Francia). Igualmente obtener las medidas (precautorias) seguirá siendo importante”.

La comunidad alega interferencia de EDF en el proceso de consulta, lo que ha provocado una escalada de violencia en la comunidad, especialmente contra las defensoras y los defensores de los derechos humanos y del territorio.

La demanda fue presentada con el apoyo de un amplio grupo de organizaciones no gubernamentales, como CCFD-Terre Solidaire, Sherpa, Amigos de la Tierra Francia, el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, SOMO, OECD Watch, y la Alianza Justa, Global y Verde (FGG) que propugnan por una marcos regulatorios vinculantes para las empresas, que refuercen los derechos humanos y el medio ambiente.

“Los habitantes de Unión Hidalgo, en México, sufren las actividades comerciales de una empresa que es principalmente propiedad del Estado francés”, afirmó Alejandra Ancheita,  directora ejecutiva de ProDESC.

“Es inaceptable que una empresa pública propiedad en un 83% del Estado francés ahogue a los jueces en consideraciones puramente procesales que no reflejan en absoluto la complejidad de las cuestiones que se plantean sobre el terreno, en Unión Hidalgo. Tanto la empresa como el Estado francés tienen una responsabilidad en el respeto de los derechos de Unión Hidalgo”, remarcó.

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