Semarnat niega permiso ambiental a minera canadiense para regularizar obras en complejo de Oaxaca

Oaxaca de Juárez.-  La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó el permiso ambiental solicitado por Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, con el cual se pretendía regularizar la situación de 75 obras del complejo San José II, que fueron construidas sin observar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que se autorizó en 2009. 

Dicha información se dio a conocer el pasado 22 de julio de 2021, cuando fue publicada en la Gaceta Oficial de la dependencia. 

Al respecto este lunes el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos informó el falló y recordó que desde septiembre de 2020 exigió a la dependencia federal negar dicho permiso, pues  “desde hace diez años, Fortuna Silver Mines ha violentado sistemáticamente el derecho humano a un medio ambiente sano de las comunidades de Valles Centrales en el estado de Oaxaca”. 

La solicitud de una nueva MIA por parte de la minera canadiense que opera en Oaxaca se dio el pasado 7 de julio de 2020, luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una inspección al complejo y detectó edificaciones que no respetaban la autorización ambiental original, por lo que le impuso una sanción administrativa.

De acuerdo con el fallo de Semarnat a la solicitud de la nueva autorización ambiental, el documento entregado por la compañía minera “carece de soporte técnico suficiente que brinde certeza y confiabilidad… la promovente no cumple con la información mínima requerida para garantizar el cumplimiento de la normatividad”.

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Además, la dependencia argumenta que “bajo el amparo del principio de precaución, una evaluación de impacto y riesgo ambiental es una condición necesaria para la implementación de cualquier proyecto, y en consecuencia, su ausencia constituye en sí misma una vulneración a este principio”.

Ante ello la Semarnat resolvió  negar el permiso ambiental ya que “el carácter preventivo de las medidas ambientales fue rebasado, vulnerando el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades involucradas”.

Según el Frente No a la Minería, durante el proceso de análisis y evaluación del permiso ambiental, las 12 comunidades que lo integran lograron comprobar las afectaciones, realizaron observaciones al permiso ambiental y entregaron la determinación de sus asambleas, donde se declara que su territorio está prohibido para la minería. 

También informó que el pasado 22 de julio, en el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, también ratificó el acuerdo de cuidar, proteger y defender el territorio de los Valles Centrales, por lo que mantiene su exigencia de “cancelar inmediatamente el proyecto minero San José, por incurrir en una serie de omisiones legales en materia ambiental y por generar una afectación grave al medio ambiente en los Valles Centrales”.

También responsabilizó a la empresa minera por represalias, agresiones o amenazas que existan contra las comunidades y sus integrantes. 

“Las comunidades que integramos el frente reivindicamos nuestra identidad zapoteca, bajo el principio constitucional de autoadscripción; por lo que exigimos al Estado mexicano se respete nuestro derecho de libre determinación sobre nuestras tierras, bienes naturales, comunes y territorios; así mismo rechazamos que las instituciones gubernamentales como la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, utilicen otros criterios para identificarnos”, señalaron en un comunicado. 

El Frente No a la Minería, integrado por autoridades agrarias, municipales y comunitarias de: Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec, la Noria de Ortiz, así como por diversas organizaciones también reconocieron a la Semarnat por el fallo y la instaron a “seguir trabajando para que ningún interés económico se encuentre por encima de los derechos humanos de las comunidades indígenas y no indígenas afectadas por proyectos extractivos en Oaxaca y todo el país”. 

Al respecto, la empresa minera Cutzcatlán ha señalado reiteradamente que las construcciones que presentan variaciones respecto a los permisos de 2009 “no generan impactos ambientales adversos o distintos a los ya manifestados en la MIA original”, y aseguró que la empresa ha recibido ataques mediáticos de actores ajenos a las comunidades en las que se asientan los complejos mineros.