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Será en los próximos días cuando las instituciones den a conocer el número de personas desplazadas y de viviendas afectadas por el conflicto.
Para Valeriano Riaño, encargado del comité del grupo de familias desplazadas de Ndoyonoyuji, refugiados en el albergue del INPI, la visita de los funcionarios no fue suficiente.
“Tenemos más de 30 niños en el albergue y ninguna dependencia de educación se ha acercado para preguntar si reciben clases. Queremos justicia por nuestros compañeros desaparecidos y reparación de daños de nuestras casas incendiadas”.
También, recordó, desde semanas atrás las familias refugiadas en el albergue se han quedado sin víveres, sin que dependencias atiendan la crisis alimentaria, situación que ha sido denunciada por este medio.
Foto: Cortesía
Esto es grave, expresa el presidente de la Cedhapi, porque no existen condiciones de seguridad para que las familias desplazadas de Ndoyonoyuji regresen a su comunidad.
Pese al avance que representa la visita del gobierno federal, 58 familias refugiadas en un albergue de la cabecera de Atatlahuca no están incluidas en las medidas de la CIDH, por lo que no fueron parte del diagnóstico, explica Andrés Olea, funcionario de Segego, quien agrega que se hizo para cumplir con las medidas ordenadas por el organismo internacional.
“Fue el presidente de Cedhapi, Maurilio Santiago, quien gestionó las medidas cautelares para un grupo de desplazados, por ello, no todos estaban contemplados. Sin embargo, nosotros seguimos gestionando las mesas de diálogo”, detalla.
Maribel Velasco García, síndica municipal de San Esteban Atatlahuca, confirma que las 58 familias desplazadas de Guerrero Grande, desde el pasado 1 de octubre, no están contempladas en las medidas cautelares dictadas por la CIDH. Y agrega que también quedaron fuera de la mesa interdisciplinaria que llevan a cabo las autoridades por el tema de los desplazados de las comunidades en conflicto.
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“No sabemos nada, no nos han notificado de las medidas cautelares, ni nos han pedido información sobre las otras familias desplazadas, estamos aislados, básicamente”, señala.
“Hemos solicitado audiencia con el titular de la fiscalía, con el gobernador, pero no se nos ha atendido. Hemos estado pidiendo que al menos las familias puedan entrar a levantar su cosecha, pero no se ha logrado”.
El primer día de trabajo de la visita de las dependencias federales en Guerrero Grande, sólo la Coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos, Norma Reyes Terán, acudió a verificar las condiciones de las otras 58 familias. Olea Aniceto, de la Segego, detalla que las personas insisten en entrar a cosechar, pero el grupo que ya regresó a Guerrero Grande no ha facilitado los diálogos.
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“En la última mesa de diálogo, para que se dieran estas condiciones, se hizo una reunión de reconciliación en una comunidad distinta, para evitar confrontaciones, pero no hubo apoyo por parte de los compañeros de Guerrero Grande, seguiremos insistiendo”.
El funcionario estatal invitó a las familias a dialogar para generar las condiciones entre los grupos y poder avanzar en las mesas de trabajo.
“Hemos entendido el sentido de nuestro trabajo y es tratar de acercar a las partes a un dialogo, solo buscamos la mediación para lograr acuerdos y damos acompañamiento. Ellos piensan que un funcionario público esta exclusivo de un lado u otro, pero no es así”, finaliza el coordinador de la Segego.
