Las autoridades municipales de Santiago Juxtlahuaca escribieron en lengua mixteca los nombres de las calles del municipio, tras perder un juicio y acatar la orden del Juzgado Segundo de Distrito en Oaxaca del Poder Judicial de la Federación.
La activista y defensora de derechos humanos, Anabel Martínez Villavicencio, promovió un amparo ante la justicia federal en el que su principal exigencia fue que las señales de nomenclatura oficial del municipio de Santiago Juxtlahuaca sean inscritas tanto en español como en lengua mixteca, en virtud del derecho fundamental a la preservación y uso de las lenguas indígenas reconocido en el artículo 2° de la Constitución mexicana.
En el juicio, la jueza a cargo del caso ordenó medidas de reparación en favor de Anabel Martínez y estableció un precedente relevante en cuanto a las obligaciones positivas del Estado mexicano en materia de diversidad cultural y lingüística.
Además, en su resolución señaló que los derechos lingüísticos no son sólo derechos colectivos, sino también derechos fundamentales de cada persona indígena, vinculados a su identidad y dignidad humana.
Y puntualizó que el derecho a la lengua tiene una doble dimensión: colectiva, al pertenecer a los pueblos indígenas, e individual, al ser un elemento constitutivo de la identidad personal de sus hablantes. Este reconocimiento resulta fundamental en un país caracterizado por su diversidad cultural y lingüística, pero también por la histórica marginación de sus pueblos originarios.
La jueza puntualizó que una omisión relevante por parte de las autoridades municipales y del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), quienes, de acuerdo con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, están obligados a implementar medidas positivas para garantizar el uso público de las lenguas indígenas, sobre todo en municipios donde al menos el 20 por ciento de la población es hablante de alguna lengua originaria.
Sin embargo, las autoridades municipales de Santiago Juxtlahuaca y del INALI combatieron la resolución de la jueza y se negaban a cambiar la nomenclatura. Hasta hoy, que finalmente colocaron las placas con los nombres de las calles tanto en mixteco como en español.
La asociación Litigio Estratégico Indígena, que asesoró y elaboró el amparo, dijo que el cambio de la nomenclatura marca un precedente legal que podría obligar a otros municipios con presencia significativa de hablantes indígenas a rotular sus calles en las lenguas originarias de sus comunidades.
“Con esta medida, Juxtlahuaca no sólo da cumplimiento a una obligación legal, sino que también envía un mensaje de respeto y orgullo hacia la lengua mixteca, fortaleciendo la identidad de la región”, informó.