Entre las instituciones que recorrieron la zona estuvieron la Secretaría de Gobernación (Segob), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Comisión Estatal de Vivienda (CEVI), Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Secretaria General de Gobierno (Segego), Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (Cedhapi), Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), entre otros.

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Guerrero Grande es la comunidad más afectada por los hechos violentos de octubre del año pasado; las autoridades asistieron para cumplir con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los organismos también atendieron las peticiones de las familias de Mier y Terán, así como de Ndoyonoyuji, esto luego de que la CIDH otorgara las medidas cautelares en diciembre pasado en favor de las familias desplazadas.

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Durante las inspecciones, los funcionarios públicos también asistieron a las instalaciones del INPI en Tlaxiaco, en donde están varias familias de la comunidad de Ndoyonoyuji, quienes también fueron ingresados en la lista del censo.
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Será en los próximos días cuando las instituciones den a conocer el número de personas desplazadas, así como el número de viviendas afectadas por el conflicto en el municipio de San Esteban Atatlahuca.
Hasta el momento, los grupos en conflicto no han emitido ningún comunicado sobre la visita de los funcionarios en la zona.

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