Ven ilegal y sin sustento científico proyecto para la modernización del puerto de Salina Cruz

Juchitán. –  La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para el proyecto de Modernización del Puerto Petrolero y Comercial de Salina Cruz, autorizada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)  “está al margen de la ley, es opaca y carece de sustento científico”, señalan especialistas en materia ambiental. 

Esas debilidades legales en el dictamen que la DGIRA emitió el pasado 24 de agosto mediante el oficio 0409, a favor de la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz (Apisal),  promovente de la MIA, son las que hacen “impugnable” este resolutivo, señalan biólogos, funcionarios gubernamentales y ciudadanos del puerto, ya sea mediante una solicitud de revisión o  una controversia. 

Desde el 14 de enero pasado, cuando DGIRA recibió el oficio número API SAL-DG: -004/2021 con fecha del 7 de enero, en el que se pedía la autorización para iniciar el proyecto de Modernización del Puerto Petrolero y Comercial de Salina Cruz, la Semarnat ignoró las observaciones de especialistas que advirtieron que la MIA tenía inconsistencias. Entre ellas, la ausencia de un proceso de consulta y la fragmentación de la obra.

Según el resolutivo de la DGIRA, “el proyecto consiste en la ampliación y modernización de las instalaciones terrestres y marítimas del desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que busca generar oportunidades para el establecimiento de industrias en la región, aprovechando la ventaja geográfica del Istmo, como franja de unión entre los océanos Pacífico y Atlántico”.

Habitantes de Salina Cruz, agrupados en la Coordinadora de Colonias Unidas (CCU), cuestionaron que la Semarnat autorizara la MIA sin que la Apisal realizara una consulta, bajo el argumento de que según el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), en Salina Cruz “no existen comunidades indígenas dentro del polígono del puerto de Salina Cruz y tampoco existe afectación territorial alguna”. 

Al respecto, Jesús Vicente Vásquez, representante de otros colonos, lamenta que Apisal, INPI y la DGIRA segreguen a zapotecas, ikoots y chontales que viven en Salina Cruz y que olviden que el puerto fue fundado por pescadores zapotecas. Incluso su primer nombre  fue Ique Sidi Biá, en zapoteco, o Salina Colorada, en español.

Los colonos de la CCU cuestionan además que la Apisal presente la modernización del puerto petrolero y comercial como una obra fragmentada del conjunto de acciones del CIIT.

De acuerdo con las observaciones de los colonos a la MIA aprobada por la Semarnat, “la fragmentación del proyecto supone el incumplimiento del marco jurídico y evidentemente una violación al derecho a un medio ambiente sano”, ya que impedirá valorar las presiones que al medio ambiente generarán el resto de las obras.

Para el biólogo Omar Meza, coordinador del Centro de Estudios Ambientales Terranova, con amplia experiencia en el tema, tanto la MIA que presentó la Apisal, como el resolutivo que entregó la Semarnat a través de su DGIRA, contienen graves inconsistencias, carecen de sustento legal y científico y exhiben una enorme opacidad; además, las medidas de mitigación que propone Apisal son “simples y  muy ambiguas”.

Por ejemplo, la Apisal señala que, para proteger las tortugas y tiburones, aplicarán un programa de ahuyentamiento.

 “¿Van a espantar la fauna marina? ¿Cómo? ¿Les dirán: ‘¿Uy, ahí viene el coco?’ Es risible y, además, en ningún lado se detallan los montos financieros para aplicar las acciones de mitigación. Dicen que van a dragar para abrir un nuevo canal de navegación, pero lo harán con un martillo neumático, sin estudios de profundidad, flora y fauna marina”.

Lo más grave, concluye el biólogo, es que las autoridades de la DGIRA desecharon las observaciones que presentaron la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (DGZMTAC) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

Entre las observaciones, está que la franja de zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar que colindan con la zona marina, donde se pretenden desarrollar las principales obras del proyecto, en su primera y segunda etapa, está otorgada en Destino a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por lo tanto, la Administración Porturaria de esta ciudad, “no podrá realizar las obras proyectadas correspondientes a la viabilidad principal de acceso de cuatro  carriles, el arranque del muelle petrolero cuatro (muelle 70), el arranque del muelle siete para petrolíferos y amoníaco y muelle dos  para petrolíferos, toda vez que se ubicarán en parte de la superficie de terrenos federales otorgados en destino a la petrolera”.