Llevan a CIDH Ley de Seguridad Interior
ONG de América Latina, EU y Europa presentan denuncia; acusan que agudizará la violación a los derechos humanos
Un bloque de 28 organizaciones no gubernamentales de América Latina, Estados Unidos y Europa denunciará hoy en Bogotá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la Ley de Seguridad Interior, emitida a mediados de diciembre de 2017 por el Senado y la Cámara de Diputados de México, agudizará la violación a los derechos humanos de los mexicanos e impulsará la militarización de la sociedad, al otorgar mayores poderes a las Fuerzas Armadas, confirmaron ayer fuentes oficiales.
La denuncia se presentará el último día del 167 periodo de sesiones de la CIDH, que empezó el lunes pasado en la capital colombiana.
A la audiencia acudirá una representación del Estado mexicano, ya que la comisión, con sede en Washington, existe al amparo de la Convención Americana de Derechos Humanos, acordada en 1969 en Costa Rica, ratificada por México y en vigencia desde 1978.
Antes y después de la aprobación de la ley, el gobierno de México adujo que es un instrumento esencial para luchar contra la delincuencia organizada y la inseguridad.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), agrupación no estatal con sedes en EU, Costa Rica y Argentina, y parte del bloque, informó que el objetivo es evaluar el impacto de una legislación que le concedió a las Fuerzas Armadas de México “mayores poderes en tareas de seguridad pública —sin cumplir con las normas internacionales de derechos humanos— bajo la justificación de combatir la delincuencia organizada”.
En un anticipo que entregó a EL UNIVERSAL con algunos alegatos que se expondrán a la CIDH, CEJIL subrayó que “numerosas recomendaciones de mecanismos internacionales”, incluida la comisión, insistieron en la necesidad de retirar al Ejército de la seguridad pública.
Precisó que México adoptó “un marco normativo que intentará proveer cobertura legal” a las tareas castrenses en seguridad pública.
La militarización inició en 2006, “cuando el gobierno mexicano decidió desplegar una estrategia de combate frontal para combatir la delincuencia organizada”.
