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“La verdad fue un año perdido (...) mucho fue por tomar una mala decisión de poner [en la Conavim] a una persona que no tenía sensibilidad, conocimiento, estrategia ni capacidad de dialogar con la sociedad civil”, señala Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), colectivo de 43 asociaciones con presencia en 24 estados.
Entrevistadas por EL UNIVERSAL, expertas en la materia coinciden en que la falta de seguimiento y evaluación a las alertas de género son un motivo por el que la Conavim no ha dado resultados efectivos en éste y en anteriores sexenios.
“En 2019, la Conavim dejó mucho que desear, [pues] se enfocaron en el análisis de las alertas de género, pero no se revisó la implementación, no se hicieron los diagnósticos. Ahora nos encontramos ante una nueva oportunidad de resarcir la deuda histórica con las mujeres”, dijo Selene González, coordinadora de Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
De igual forma, entre el 17 de mayo de 2019 y el 30 de junio de 2020, la Conavim recibió otras ocho solicitudes de alerta de género para la Ciudad de México, Sonora, Chihuahua, Veracruz, Zacatecas, Tlaxcala y Baja California.
De estas solicitudes, tres fueron acumuladas, una desechada y cuatro se encuentran en proceso.
Una vez que la Conavim se quedó acéfala, las ONG exigen que haya un proceso abierto para buscar el mejor perfil para encabezar la dependencia. También hacen un llamado para que esta comisión nacional tenga más apertura al diálogo con la sociedad civil y así trabajar en conjunto las estrategias contra la violencia de género.
Un ejemplo de cómo la relación entre la sociedad civil y la Conavim está fracturada fue la discusión que en 2019 tuvieron en torno a la alerta de género para la capital.
Ante las resistencias de la Conavim para ejecutar esta medida, las ONG tuvieron que buscar a la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) con el fin de que interviniera y resolviera la pugna.
“La Conavim tiene un papel fundamental, como [lo tienen] las instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, [por eso] tendría que tener el compromiso y la obligación de garantizar políticas públicas que permitan a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia”, expresa sobre el tema Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR).
En 2019, la comisión transfirió 59 millones 577 mil pesos a nueve de los 10 estados que mostraron un alza en los asesinatos de mujeres por razón de género.
Veracruz, que el año pasado dispuso de 6 millones de pesos para solventar el problema, registró el año pasado 56 feminicidios más que en 2018.
También hay casos como Campeche, que en 2019 recibió de la Conavim 14 millones 65 mil 756 pesos —la cifra más alta de los subsidios que entregó esta comisión—, mientras que el Estado de México, que en 2018 registró 22 veces más feminicidios, sólo obtuvo 2 millones de pesos.
“No hay claridad sobre la manera en que se está dando dinero (...) nadie sabe cuánto dinero se da. La verdad es que en la actual administración llevan a cabo las mismas prácticas que en sexenios anteriores”, asegura Luz Estrada, coordinadora del OCNF.
Aunque el dinero entregado por la Conavim parece mucho, la realidad es que la violencia de género es más grande. Por ese motivo, organizaciones y expertas urgen a fortalecer esta dependencia, darle recursos económicos y humanos suficientes para hacer frente a la inseguridad que pone en riesgo la vida de millones de mujeres.
