Mantiene 4T contratos de Zonas Económicas Especiales

Aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la desaparición de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), el programa sigue con contratos de diversos tipos, así como el gasto aproximado a los 14 millones de pesos para la subcontratación del personal.

De acuerdo con un documento al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, se contrató a la empresa Esespa S.A., de C.V., para el servicio integral especializado en régimen de subcontratación de personal, convenio que entró en vigor el pasado mes de marzo y está vigente hasta el próximo 31 de diciembre por la cantidad de  14 millones 375 mil pesos.

Sin embargo, el pasado 25 de abril, en conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo federal  anunció la cancelación del programa de las Zonas Económicas Especiales, que echó a andar la pasada administración federal, debido a que acusó que era un barril sin fondo.

“Era para supuestamente ayudar, pero nunca hicieron nada por hacerlo. Hicieron negocios, compraron terrenos y derrocharon recursos, ¡no se benefició en nada! Es como por ejemplo, se canceló lo del Consejo de Promoción Turística de México, que era otro barril sin fondo. No se fomentaba el sector, al contrario se utilizaba el dinero para comprar lealtades, voluntades, para pagar publicidad en periódicos. Algunos están inconformes, ¡pues sí!, pero ya no hay derroche”, sostuvo en aquella ocasión.

El contrato para el servicio integral especializado en régimen de subcontratación de personal fue firmado por la autoridad federal para el desarrollo de las zonas económicas bajo licitación pública nacional y con número 2041041, el pasado 11 de febrero. 

El documento fue firmado por el director general adjunto de recursos financieros y materiales, Teodulo Ramírez Torales. 

Según la licitación, Esespa S.A., de C.V., fue la que cumplió con la documentación y requisitos legales, técnicos y económicos solicitados en la convocatoria y obtuvo 99.75 de los 100 puntos máximos posibles a obtener en la evaluación técnica y económica. Dicha empresa firmó el contrato en conjunto con otras empresas como Antila, Intermex, comercializadora internacional, Global Intermex, Valdepeñas Soluciones e Integradora la Aurora. 

El acta de fallo la dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bajo la licitación con folio LA-006G00999-E1-2019. 

En el sexenio pasado, el expresidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, que comprendían el puerto Lázaro Cárdenas —el cual incluye municipios vecinos de Michoacán y Guerrero—, la del Corredor del Istmo de Tehuantepec —consideraba a los polos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca— y la de Puerto Chiapas.

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) había identificado al menos 140 proyectos para mejorar la conectividad de dichas regiones y estimó que la inversión requerida sería de 114 mil 822 millones de pesos en un periodo de hasta 10 años, monto que se sumará a las inversiones que se esperan, pero en casi tres sólo invirtieron 2% del recurso requerido.

Esa fue la primera vez que en México se implementaban estas zonas económicas, las cuales tenían el objetivo de garantizar la continuidad de programas, acciones y políticas públicas de largo plazo considerando paquetes de estímulos para cada una.

“El objetivo básico es establecer bases legales e institucionales para crear nuevos polos de desarrollo industrial en regiones rezagadas, pero que tienen una condición específica común: un enorme potencial productivo”, declaró  Peña Nieto al iniciar las Zonas Económicas Especiales en Tapachula, en  2015.

Sin embargo, al llegar la administración del presidente López Obrador, las zonas fueron canceladas y algunos de los terrenos que compró la pasada gestión federal para ese rubro son utilizados en la actualidad para echar a andar programas como Sembrando vida, a través del cual se plantan árboles frutales y maderables. 

La crítica de López Obrador fue que sólo se trató de un negocio, en el cual no se benefició en nada a los ciudadanos, sino que se derrocharon recursos, e incluso se compraron terrenos que no fueron utilizados para ningún programa. 

En 2018, el gobierno de Peña Nieto destinó alrededor de 2 mil millones de pesos para comprar tierras y el diseño y promoción de los proyectos en las siete ZEE. 

A pesar de la inversión, la Federación reportó que no hubo inversión por parte de empresarios para dichos proyectos. 

Uno de los terrenos que se compraron en el sexenio anterior y que se han utilizado en la actualidad por la administración federal es para instalar un vivero en Tapachula, Chiapas.