Resurgen autodefensas ante amenaza delincuencial

La voz que escuchó el conductor del mototaxi era mesurada, sin insultos, pero el mensaje fue contundente: “Queremos 200 mil pesos por cada una de las dos bases”. Era el mes de mayo; el portavoz de aquella amenaza se identificó como parte de una “empresa de la maña” y sus amenazas de muerte y desastre contra la comunidad y sus medios de transporte ya habían causado efectos en la cabecera municipal de Totolapan, al oriente de Morelos.

Las dos directivas de bases de mototaxis de ese poblado pagaron 150 mil pesos cada una para librar las amenazas del crimen organizado. El mensaje también fue recibido por los transportistas de la comunidad contigua de San Andrés y por temor a sufrir represalias escondieron sus vehículos.

Uno de los conductores de mototaxi de Nepopualco —situada en los altos de Morelos— narra que un día regresó de un viaje a Totolapan y a medio camino se le emparejó una motocicleta con dos sujetos a bordo. “¿Qué no entiendes? No estamos jugando, cabrón. Aquí está este número, al ratito me comunico contigo”, le dijo uno de los pasajeros.

Al siguiente día, otro de sus compañeros recibió una llamada en su teléfono móvil para pedir los 200 mil pesos por base de mototaxis y los amenazaron con que en caso de incumplir con el dinero quemarían las motos con todo y pasajeros.

El dato fue compartido entre sus compañeros y enseguida convocaron a una asamblea, donde acordaron establecer un modelo de vigilancia para esperar la visita del crimen organizado. La amenaza telefónica había detonado la formación del primer grupo de autodefensas en Morelos que en julio pasado inició operaciones.

Protestas en el sur de Morelos

Más al sur, en el municipio de Ayala, también surgieron acciones de protesta por los niveles de inseguridad. El martes 24 de julio, mientras un grupo de hombres esbozados elegían los sitios para colocar sus barricadas de vigilancia comunitaria, uno de los autodefensas fue avisado de una emergencia en su comunidad.

Tres integrantes de una familia habían sido “levantados” por la delincuencia organizada cuando viajaban en un taxi. Se llevaron a los tres y más tarde el más joven, de 22 años, fue hallado sin vida.

“Eso nos llenó de coraje y decidimos iniciar la autodefensa del pueblo, pero por la tarde recibimos dos llamadas de ‘la maña’ para amenazarnos de muerte si colocábamos las barricadas”, narra uno de los principales promotores de los guardias comunitarios.

“Pero no nos vamos a dejar intimidar. Varios hemos sido víctimas de la delincuencia. A mí me secuestraron a una hija”, afirma el hombre, quien prefiere no dar su nombre por seguridad.

Esta situación se ha replicado en diferentes localidades de Morelos, donde han optado por crear guardias civiles que controlen la seguridad y entrada a sus poblados ante el asedio del grupos criminales en municipios como Totolapan, Tlayacapan, Tlalnepantla, Yautepec, Ocuituco, Zacualpan, Temoac, Jantetelco, Ayala y Tetela del Volcán, donde esta semana fue linchado un ciudadano colombiano que portaba 80 mil pesos y a quien los pobladores acusaron de pedir cobros de derecho de piso en la zona.

Al principio, el gobierno de Morelos, a través del comisionado estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella, negó la existencia de grupos de autodefensas, pero posteriormente el secretario de Gobierno, Ángel Colín López, reconoció la presencia de los civiles armados. El 25 de julio se desplegó un operativo federal de vigilancia en la zona.

El clima de violencia e inseguridad ha llevado a los pobladores de al menos 30 localidades en Guerrero, Michoacán, Morelos y Tabasco a crear policías comunitarias o grupos de autodefensas para defender a sus habitantes de cobros de piso, secuestros y asesinatos.

De acuerdo con Lorena Salazar, doctorante en Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco, ante la ausencia de una instancia legal que pueda hacer efectivo el Estado de derecho y las garantías a la vida por parte del gobierno, la ciudadanía busca procurarse la defensa comunitaria a través de las armas.

Entonces esta omisión por parte del Estado obliga a la ciudadanía a procurarse la defensa comunitaria a través de las armas, porque no hay vías legales o canales comunitarios que les garanticen sus derechos”.

Sin embargo, la especialista asegura que las condiciones de los grupos de autodefensas no son las mismas en los estados donde han surgido, pues en el caso de Morelos y Tabasco son comunidades de escasos recursos, donde son amedrentados por el cobro de derecho de piso, mientras en Michoacán fueron conformadas por personas con un poder adquisitivo alto, con recursos económicos que defendías sus propiedades.

“Por eso cuando el Estado les da la opción de que se institucionalicen y sean parte de la Policía Rural, ellos dicen ‘no, nosotros no buscamos trabajo; no tomamos las armas por dinero, sino por la seguridad para que pueda operar mi negocio agrícola’”, explica la investigadora.

Asumen responsabilidad del Estado

Salazar indica que los grupos de autodefensas suplen la labor de seguridad del Estado, ante su ausencia en las comunidades, pero advirtió que se pueden presentar casos como en Guerrero, donde ese papel lo hacen los grupos criminales en los lugares apartados y regiones ante la ausencia de autoridades y entonces esta delincuencia puede influir en las estructuras de gobierno municipales.

El hartazgo ha alcanzado a estados donde no había antecedentes de guardias comunitarias como Tabasco, donde el pasado abril, tras el secuestro y asesinato de dos niños en el municipio de Huimanguillo, los habitantes crearon un grupo de autodefensas y colocaron un retén para controlar el acceso.

El gobernador Arturo Núñez rechazó el surgimiento de “autodefensas” y afirmó que sólo eran “vecinos que se organizan cansados de la incidencia delictiva”.

Un mes después, en la colonia Los Cañales del municipio de Cárdenas, los vecinos de la zona colocaron barricadas en los accesos después de que se presentó un asalto a una tienda de abarrotes.

Otro caso similar se suscitó en Hidalgo, donde el asesinato a un niño de 11 años levantó la indignación en Tula, donde algunos habitantes plantearon la conformación de un grupo de guardia comunitaria, sin que se concrete hasta ahora.

Brotes históricos

En Guerrero operan desde hace más de cuatro años 19 grupos armados denominados autodefensas y policías comunitarias, los cuales se encuentran en 40 de los 81 municipios de la entidad, en 20 de las localidades con altos niveles de violencia, como Acapulco, Chilapa, Zihuatanejo y Chilpancingo, de acuerdo con el mapa de riesgo presentado por el gobierno del estado.

En dicho reporte, las autoridades ubican a 18 bandas delictivas que operan en todas la regiones de Guerrero, muchos de forma paralela que los grupos de autodefensas y policías comunitarias.

En este estado, desde 2014 proliferan grupos de autodefensas ante el incremento de los homicidios, las extorsiones, el cobro de piso y los secuestros, es decir, por la sofocante presencia del crimen organizado y la inacción de las autoridades.

La madrugada del 5 de enero de 2014, Bruno Plácido Valerio echó a andar su propio grupo de guardias civiles. Comenzaron en Ayutla y Tecuanapa —en la Costa Chica—, donde cientos de pobladores esbozados y con armas de bajo calibre y machetes montaron guardias sobre la carretera federal para hacer revisiones y presuntamente detener a los criminales más buscados de la región, según explicaron.

A ese grupo lo llamaron policía ciudadana de la Unión de los Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) y más tarde, por diferencias internas, la organización se dividió y se formó el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).

Desde entonces la UPOEG y el FUSDEG mantienen una disputa por el corredor que comienza en Chilpancingo y termina en Acapulco. En esta zona convergen parte de los caminos que van a la Sierra, la región donde más amapola se cultiva en Guerrero.

En mayo de 2015, llegaron a Chilapa unos 500 hombres armados, quienes tomaron por asalto esa localidad durante seis días y después se salieron con al menos 16 jóvenes que hasta ahora siguen desaparecidos. Tras esta incursión, los habitantes decidieron conformar la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia.

La cuna de los comunitarios

En diciembre de 2016, en San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente, surgió el grupo de autodefensas para combatir a la banda de Los Tequileros, que usó esa zona como su centro de operaciones.

Sin embargo, Michoacán fue el primer estado del país en el que grupos de civiles se levantaron en armas en 2013 para acabar con el asedio del entonces cártel de Los Caballeros Templarios.

En 2014 y tras acuerdos con la Comisión Federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, que encabezó Alfredo Castillo Cervantes, los grupos de autodefensas dejaron las armas y algunos de sus integrantes aceptaron convertirse en una nueva fuerza creada denominada Policía Rural.

Cuatro años después y con el repunte de la violencia en Tierra Caliente y la intimidación de grupos delictivos, el pasado 20 de julio resurgieron tres de esos grupos de autodefensas, en la cabecera municipal de Aquila, Michoacán, con aproximadamente 200 pobladores de los municipios de Aquila, Coalcomán y Chinicuila, entre los que se encuentra Cemeí Verdía Zepeda, líder de la lucha civil armada en el primer municipio.