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Por unanimidad los integrantes de la Segunda Sala de la Corte avalaron la propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán en el que, por primera vez, el IMSS deberá diseñar un proyecto de política pública para proteger los derechos de las trabajadoras del hogar debido a que no existe ninguna razón “constitucionalmente válida por la cual la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS excluyan el trabajo doméstico del régimen obligatorio de seguridad social”.
La Junta de Conciliación y Arbitraje deberá analizar nuevamente la demanda de la mujer y sus exigencias tales como la indemnización por el despido injustificado, salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, horas extra, entre otros.
Ante la discriminación advertida por el ministro, ordenó que para el primer semestre del 2019 el IMSS deberá implementar un “programa piloto” para diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras domésticas con facilidades administrativas para que los patrones puedan cumplir con sus obligaciones.
lsm
