Denuncian ley que avanza en el Senado deja sin protección a maíz nativo

La Red en Defensa del Maíz denunció que la Ley de Fomento y Protección del Maíz, aprobada en comisiones del Senado de la República, “deja la puerta abierta” para quienes promueven los organismos genéticamente modificados o transgénicos.

Acusan que esta nueva legislación que fue dictaminada y aprobada por los senadores que integran las comisiones de Estudios Legislativos y Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, no establece la prohibición de la siembra comercial, piloto o experimental del maíz transgénico.

Dicho organismo de la sociedad civil explica que en esa legislación sólo se afirma que el Estado “deberá garantizar y fomentar, a través de todas las autoridades competentes, que todas las personas tengan acceso efectivo al consumo informado de maíz nativo en diversificación constante, así como de sus productos derivados, en condiciones libres de OGM's (organismos genéticamente modificados) y de otras técnicas de mejoramiento genético como la mutagénesis, o cualquiera otra desarrollada por la ciencia, sobre la cual no exista un absoluto grado de certeza científica respecto a su ausencia de riesgos para la salud humana”.

Sin embargo, señala que para defender el maíz esa ley debe establecer la prohibición de las siembras experimentales, piloto y comerciales de maíz genéticamente modificado.

De lo contrario, advierte que la contaminación transgénica estará siempre presente como amenaza que impone una enorme carga a los pueblos que nos relacionamos con el maíz, siendo los únicos que podemos garantizar que siga viviendo y “en diversificación constante”.

Esta urgente prohibición no podrá asumirla un Consejo Nacional del Maíz que surja con la ley, porque apenas es un “órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal”, quedando en manos de funcionarios del gobierno, aun cuando contemple la participación de la sociedad civil, de ejidos y comunidades, y de la “academia”.

Eso, sostiene la organización, no sustituye un posicionamiento más contundente en defensa de la vida plena de las comunidades y pueblos.

Además, asegura que la falta de posicionamiento firme contra el maíz transgénico se agrava si le sumamos que en la definición que incluyen del "maíz nativo" apuntan que proviene de una “semilla básica de conformidad con el artículo tres de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas”.

A partir de su definición, el "maíz nativo corresponde a una variedad de uso común, es decir las utilizadas por comunidades rurales cuyo origen es resultado de sus prácticas, usos y costumbres." Denuncian que "esto puede ser ignorancia, ingenuidad o dolo, porque equiparando al maíz nativo con semilla básica, se facilita que sea sometida a solicitudes de derechos de obtentor o patentes porque la consideran producida y reproducida, o multiplicada, cumpliendo con las reglas a que se refiere esta ley”.

Amenaza sobre semillas

Otro punto de preocupación para la Red en Defensa del Maíz, es la insistencia de determinar regiones geográficas (las que tienen más concurrencia de instituciones, no con la participación o reivindicación propia de las comunidades) “en las que se practiquen sistemas tradicionales de producción de maíz nativo”. Y así es como también consideran la frase que acompaña esta propuesta diciendo que “en los acuerdos a los que se refiere el párrafo anterior, se establecerán las medidas necesarias para garantizar y fomentar la subsistencia de los sistemas tradicionales de producción de maíz nativo”.

La organización afirma que a esta definición de maíz nativo, externa a las comunidades, la complementa la idea de fomentar la creación de bancos comunitarios de semillas, cuando las comunidades saben que en los sitios donde existe una fuerte tradición de cuidado y crianza mutua con la milpa la gente usa de continuo sus propias semillas, o las que intercambia, y es en ese trasiego anual que las va conservando en las casas.

La Red en Defensa del Maíz afirma que los problemas de la ley que ya señalamos se vuelven más graves en el marco del proceso de la aprobación de una nueva Ley de Variedades Vegetales, misma que se propone integrar a México a las reglas de UPOV91, según los designios del Acuerdo Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) y el T-MEC, lo cual consideran que es poco menos que una renuncia paulatina a la soberanía nacional, y una renovada agresión y amenaza al libre intercambio de semillas nativas, así como al cuidado ancestral del maíz y todos los cultivos campesinos.

“Por tanto, manifestamos que esta Ley no corresponde a la realidad de las comunidades, muestra desprecio a nuestras propias formas organizativas e impone una estructura vertical de usurpación y despojo de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas”, aseveró la organización.