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Los exagentes que presentaron la queja de forma anónima anexaron como pruebas una serie de mensajes que los miembros de la Coordinación de Seguridad Regional recababan durante los servicios de inspección, supervisión, seguridad y vigilancia en diversos recorridos por el país.
La mayoría de los mensajes anexados en la queja fueron encontrados por los agentes en cartulinas y mantas colgadas en puentes en los estados de Guerrero, Coahuila y Michoacán, entre otros. En los escritos que eran retirados de la vía pública se acusaba a García Luna, Palomino y Espinosa de romper códigos y de proteger a un cártel.
“Presidente: le pedimos que habrá [sic] bien los ojos y que se dé bien cuenta de la clase de gente que tiene al frente de los cargos públicos como son Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palominos, Armando Espinoza de Benito [sic], están a la orden de uno de los cárteles de la droga; asimismo, se encargan de hacer los trabajos de dicho cártel para perjudicar a los demás”, decía un escrito fechado el 14 de mayo de 2009.
La queja fue desestimada porque los policías se negaron a dar sus nombres y no pudieron comprobar lo señalado en los escritos de las mantas y cartulinas que tomaban en los estados.
La mayor cantidad de ellas se recibió en el sexenio de Calderón, con 12 expedientes. En el sexenio de Vicente Fox hubo nueve señalamientos, mientras que en el de Enrique Peña Nieto apenas se registraron dos denuncias en 2013 por falta de atención en el cumplimiento de sus obligaciones.
En marzo de 2012, un ciudadano, cuyo nombre fue tachado en el expediente entregado a este diario, presentó una denuncia ante la SFP acusando a Genaro García Luna de un crecimiento patrimonial significativo, no justificado e inexplicable.
En el escrito adjuntaba información del Registro Público del Comercio de la Ciudad de México, así como datos sobre las declaraciones patrimoniales de 2002 a 2011 del exsecretario, en los que se apreciaba la compra de viviendas y terrenos a la par de sus diversos cargos en el servicio público.
Entre 2006 y 2008 compró tres propiedades a crédito y un terreno de contado, en el cual edificó en pocos meses una construcción de aproximadamente 20 millones de pesos, y terminó de pagar otra propiedad de 2.3 millones de pesos, según lo relatado en el expediente. “De acuerdo con la información que aparece en las declaraciones patrimoniales de 2001 a 2008 y que se presentan como anexo, el servidor público no tenía el salario ni los ahorros suficientes para comprar el terreno, menos para hacer la costosa construcción. Al contrario, en mayo de 2008 declaró estar totalmente endeudado a finales de 2007”, según el expediente.
Mientras que en México las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito fueron desestimadas, en Estados Unidos las autoridades indagaron sobre el patrimonio de García Luna y encontraron que tan sólo en aquel país tiene propiedades por 4 millones de dólares que adquirió mediante prestanombres y empresas fantasma.
El pasado 27 de febrero, durante una audiencia de fianza en Nueva York donde se analizó si García Luna debería enfrentar el proceso en libertad, la Fiscalía de Estados Unidos exhibió el poder adquisitivo del exsecretario de seguridad y algunos de sus bienes, entre ellos un yate e inmuebles.
Para este reportaje se buscó la postura del expresidente Felipe Calderón sobre las quejas en contra de García Luna que recibió la SFP durante su sexenio, pero declinó dar una entrevista.
Otra de las quejas es la que presentó el 20 de mayo de 2008 Javier Herrera Valles, quien se desempeñó como director de la PFP en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, donde señalaba “actos de corrupción” por parte del ex secretario de Seguridad.
Los hechos denunciados no prosperaron y concluyeron mediante “acuerdo de archivo”. Esto significa que después del análisis de la queja se determinó que los elementos aportados durante la investigación no fueron los suficientes para concluir alguna responsabilidad.
En entrevista con este diario, Herrera Valles asegura que dentro de la PFP había muchos inconformes en contra de García Luna, pero no se atrevían a denunciar porque eran reprendidos, amenazados o afectados mediante movimientos de plazas a zonas peligrosas del país.
“Yo fui prácticamente el portador de muchas quejas, mediante una carta alerté al presidente. También le señalé de compañeros que mandaron una carta a Contraloría, pero después de lo que me pasó [su encarcelamiento] se frenaron las quejas de los que querían denunciar”, explica.
El colmo, señala Herrera, es que los órganos internos de la policía no sólo archivaron la denuncia que puso, sino que abrieron una investigación en su contra por haber sustraído información y revelado secretos de la institución, inhibiendo al resto de los elementos quejosos.
Otra denuncia en contra de García Luna la presentó el PRD en mayo de 2011, acusándolo de desviar recursos públicos de la Secretaría de Seguridad para la grabación de una serie de televisión transmitida por Televisa.
En julio de 2011, la SFP concluyó que no hubo ninguna irregularidad en la realización de esta serie porque las instalaciones, equipo y personal facilitado estaban autorizados en el contrato firmado con Televisa.
Las quejas en contra de García Luna datan desde el gobierno de Vicente Fox, cuando se detectó que una decena de servidores públicos de la Policía Federal Preventiva habían destinado 312.6 millones de pesos para realizar diversas compras sin una licitación de por medio. La investigación interna se registró como “uso indebido de atribuciones y facultades”.
A García Luna, quien en la época de los hechos era coordinador de Inteligencia de la PFP, lo acusaron de “compras indebidas” al gastar en viáticos y arrendamiento de inmuebles recursos que eran de una partida especial.
La indagatoria en contra de García Luna y otros nueve servidores públicos no prosperó y un año después el caso fue archivado porque la PGR consideró que no había pruebas suficientes. En la SFP tampoco fue sancionado administrativamente.
