A dos años, padres de 23 bebés luchan por esclarecer su muerte

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En unos cuantos meses la muerte se llevó poco a poco a 23 bebés del Hospital Regional Número 1 de Culiacán. Los padres aún no saben si contó con la complicidad de las autoridades sanitarias, del propio hospital o de ambos. El comienzo fue el 1 de junio de 2015. Era casi mediodía cuando Mariana Medina    y su esposo Juan Rubén fueron citados en el área de Cuidados Intensivos, ella iba emocionada porque vería a su bebé, quien había nacido 36 horas antes. Jesús Abel fue prematuro. A través del cristal pudieron ver  al pequeñito, pero ya estaba muerto.

Mariana, trabajadora social de un campo agrícola en el municipio de Navolato, narra que tenía 29 semanas de embarazo cuando comenzó a sentirse mal; su madre y Juan  la trasladaron al Hospital General de Subzona IMSS 4. Requería atención especializada y una ambulancia la llevó al Hospital Regional de Culiacán.

Urgía que le practicaran una cesárea, la anestesia fue general. Despertó pasadas las 21:00 horas y preguntó por el bebé. El médico le dijo que había pesado un kilo 400 gramos y medía 37 centímetros. Le indicó que estaba propenso a cualquier infección en los pulmones porque no se habían desarrollado aún, pero que  respiraba por sí solo, había llorado y estaba sano; al siguiente día no le permitieron verlo.

Mariana   recuerda la mala atención del lugar: a las parturientas no les proporcionaban batas limpias ni les cambiaron las sábanas, a pesar de que por razones naturales estaban manchadas de sangre. En silla de ruedas fue llevada por su esposo al área de cuidados intensivos donde la pediatra les dijo que  el bebé era muy pequeño para luego darles la noticia: ¡murió!.

“El endeble cuerpo de mi bebé  presentaba, en ambos costados, dos pequeñas cirugías, justificadas en el certificado de defunción número 019098945, en el que se asentó como causa de muerte choque séptico y sangrado pulmonar”, refiere.

“Nunca nos informaron que sería sometido a operaciones, nadie nos pidió la autorización”, asevera Mariana.

No se ha vuelto a embarazar. El recuerdo de su pequeño Jesús Abel  la lastima. “Hay muchas interrogantes, nadie nos ha querido contestar, pero voy a seguir insistiendo, no me voy a rendir ni a doblar por el dolor, voy a seguir exigiendo justicia”, dice la mujer de 23 años, quien demandó penalmente al Hospital Regional 1 del IMSS el 29 de septiembre ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En septiembre del año  2015, la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre un riesgo potencial de contaminación existente en el área de cuneros del hospital, tras la muerte de 10 neonatos, mismas que  ocurridas en  sólo dos semanas.

David, la víctima que los unió

El primero de septiembre se cumplieron dos años. Irasema dio a luz a un niño sietemesino, pesó un kilo 740 gramos y fue llamado David. Pero tres días después lo sepultó. La doctora del Hospital Regional Número 1 de Culiacán explicó que el bebé tuvo cuatro infartos y durante el último no pudieron rescatarlo. El certificado señala que la muerte del bebé fue por cuadro séptico. 

Francisco Cortez Mora, padre de David, decidió que buscaría la verdad en la muerte de su segundo hijo y castigo para los responsables, por lo que solicitó información al IMSS a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

La respuesta tardó, pero fue contundente; en algunos cuneros de la  Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General Regional del IMSS había bacterias. Además, Cortez Mora obtuvo de la Cofepris una copia, que guarda con recelo, sobre los resultados de sus análisis del área de cuneros en el que se confirmó ocho casos de infecciones de bacteria Klebsiella Uno, con C. Coli.

“Las evidencias están a luz y validadas por organismos oficiales, lo que no se ve es voluntad de llevar a juicio a los responsables del hospital del IMSS”, señala Francisco, quien se convirtió en una especie de líder de 11 matrimonios que no se rinden en busca de justicia, por lo que en febrero del 2016 autorizaron la exhumación de los restos de sus bebés para contribuir a trabajos forenses de la PGR.

Francisco no sólo está endeudado por gastos de los peritajes, sino decepcionado por la lentitud de la justicia. Refiere que incluso la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) “olvidó” su promesa de apoyarlos con los gastos de exhumación.

Francisco y  los otros padres, cuyos hijos recién nacidos murieron por negligencia entre junio y septiembre del 2015, requieren que un perito externo emita un dictamen odontológico que tiene un costo de 40 mil pesos; este es vital para las investigaciones en curso de la PGR.

Ni los ven, ni los oyen

Teresa Guerra Ochoa, asesora jurídica y presidenta del Colectivo de Mujeres Sinaloenses, explica que derivado de la defunción de 23 bebés en dicho hospital a causa de negligencia están en curso dos demandas, una penal y otra administrativa.

Precisa que se busca el castigo por la vía penal de los responsables por la presencia de bacterias en el área de nonatos, que provocó la defunción de los recién nacidos.

En lo administrativo, se encauzó una demanda contra el IMSS por el daño moral que produjo en los padres.

Gilberto Higuera Bernal, subprocurador General de la República, en febrero pasado reveló que 216 médicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo del IMSS se encuentran sujetos a investigación por la defunción de 23 recién nacidos.