Pese a las alertas de género, mínimo aumento de recursos

De las 17 entidades del país donde se encuentra vigente la Alerta de Violencia de Género (AVG), en al menos 11 los Congresos estatales aprobaron aumentar el presupuesto de los institutos o secretarías locales de la mujer. Sin embargo, no todos los incrementos fueron significativos, en otros casos se recortaron recursos e incluso uno de estos organismos desapareció.

En Zacatecas el mecanismo fue declarado para todo el territorio, en Veracruz existen dos alertas —una total y otra parcial—, mientras que en Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sinaloa sólo opera en algunos municipios, de acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

En varios de estos estados, la ampliación monetaria va desde 2% hasta 120%, respecto a 2018; el Estado de México y Veracruz son las entidades que subieron sus recursos a más del doble, con 119% y 109%. Le siguen Durango y Michoacán, con 81.80% y 70.46%, respectivamente.

Zacatecas y Morelos aumentaron sus recursos menos de la mitad, con 39.33% y 32.34%. Mientras que las entidades con menor crecimiento fueron Guerrero (10.5%), San Luis Potosí (9%), Sinaloa (7.9%), Quintana Roo (6%) y Oaxaca (1.9%).

La entidad más castigada

A contracorriente, Chiapas fue la entidad que más redujo el presupuesto de la Secretaría de la Igualdad de Género, comprometiendo 93% de éste al pasar de 992 millones a 67 millones. El argumento de la actual administración morenista es una política de austeridad y simplificación administrativa, así como un rediseño de la estructura organizacional.

En Campeche y Nuevo León los fondos bajaron 3% y 4%. Y en Colima se mantuvo igual que el año pasado.

A ello se suma el caso de Jalisco, donde apenas en febrero pasado el Congreso local aprobó la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), concentrando sus funciones en la nueva Secretaría de Igualdad Sustantiva.

La medida fue considerada como un retroceso, ya que pasaría a ser únicamente un área de esa secretaría, que en un principio también se encargaría de la atención a otros grupos vulnerables. Posteriormente, el gobierno del estado, encabezado por Enrique Alfaro, afirmó que la dependencia sólo se dedicará a atender a las mujeres y ayer se entregó al Congreso local la modificación de presupuesto que quedó en 180 millones 652 mil pesos.

El reto

Los institutos estatales deben promover políticas públicas transversales que garanticen a las mujeres el acceso a la seguridad y justicia, educación, salud, trabajo digno, igualdad de oportunidades y a la no discriminación, cultura de la no violencia. La aplicación de la AVG estipula una coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno para erradicar la violencia.

Pese a ello, 2018 fue un año violento para las mujeres en los estados donde se mantiene activa la AVG. El Estado de México, Veracruz y Nuevo León encabezaron los homicidios de mujeres con 106, 87 y 79 casos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Le siguen Sinaloa, con 48; Guerrero, con 31; Oaxaca, con 29; Morelos, con 28; San Luis Potosí y Jalisco, con 26; Michoacán y Chiapas, con 21, y Zacatecas, con 20. Mientras que Colima registró 13 casos. Quintana Roo, 8; Campeche, 5, y Durango y Nayarit, 4, respectivamente.

Ante este panorama, Lucía Núñez, especialista del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, consideró que el recibir mayores recursos no garantiza resultados, ya que los institutos trabajan sin ser vigilados, muchos programas no están bien diseñados y tampoco cuentan con métodos de evaluación.

“No hay transparencia y no sabemos en qué se utilizan los recursos. Hemos encontrado que varios institutos aplicaban el dinero en campañas de prevención desde perspectivas que no estaban informadas e incluso reproducían los estereotipos de género”.

La adecuada inversión de recursos depende en gran medida del estudio de las necesidades que tiene cada entidad y de las problemáticas que las mujeres enfrentan en esos lugares: “Esos son estudios que se deberán hacer y con base en ellos aplicar el presupuesto, planeando y diseñando programas serios con indicadores y métodos de evaluación”.

Desafortunadamente, señala, los planes gubernamentales tienden a responder a necesidades coyunturales como el tema de los feminicidios, dando como resultado “políticas públicas al vapor y programas paliativos que tapan o calman los clamores sociales”.