El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados propuso reformas a la Ley Minera para que los habitantes de pueblos y comunidades indígenas, a través de asambleas y autoridades representativas, tengan derecho a ser consultados para aprobar proyectos relacionados con la minería que pretendan implementarse en algún lugar de su territorio.>>
La iniciativa resalta que la expedición de concesiones para la explotación de minas en México sigue en auge sin que medie ningún tipo de consulta o control social; en nueve meses, de septiembre de 2015 a junio de 2016, se emitieron 558 nuevos títulos a particulares, con superficie de 1.1 millones de hectáreas, de acuerdo con el Registro Público de Minería.>>
La diputada Hilda Miranda, quien impulsa esa reforma, afirma que México ocupa los primeros lugares de América Latina con más conflictos mineros, al sumar 34; Chile y Perú concentran 35 casos cada uno, según el Observatorio de Conflictos Mineros de este continente.>>
Destaca que, a pesar de que México es uno de los 20 países firmantes del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual garantiza a los pueblos indígenas el derecho al consentimiento libre, previo e informado a consultas con respecto a todos los procesos de política y desarrollo que les afectan, se otorgan cada vez con mayor frecuencia concesiones de exploración y explotación de minas a empresas transnacionales.>>
Respecto al daño ambiental, señala que en nuestro país existen 635 lugares contaminados debido al mal manejo de residuos peligrosos y actividades mineras, de los cuales 95% no han sido atendidos, de acuerdo con datos del Sistema de Sitios Contaminados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La reforma que se envió a la Comisión de Economía precisa que la Secretaría federal del ramo será la encargada de otorgar información fidedigna, suficiente, oportuna, objetiva y culturalmente adecuada para analizar las ventajas y desventajas de proyectos mineros.