“Todos creen que somos la Lotería”, critica comisionada a víctimas; revelan audios

“Todo mundo cree que somos la Lotería Nacional y que de aquí salen premios (...) en las reuniones con los colectivos [de víctimas] me doy cuenta de que tienen un doble discurso”, se escucha decir a Mara Gómez, titular desde el pasado 10 de diciembre de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en un audio filtrado, comentando sus impresiones sobre las víctimas a las que debe atender.

En una serie de grabaciones obtenidas por EL UNIVERSAL se escucha a la nueva titular describir cómo las víctimas quieren obtener beneficios rápidos y decir que va a hablar con el Poder Judicial para explicar una serie de multas derivadas de incumplimientos de diversos amparos, de los que EL UNIVERSAL tiene copia. De acuerdo con testimonios de organizaciones y víctimas, las ayudas de vivienda y manutención están bloqueadas por trámites burocráticos.

Una respuesta enviada por CEAV dice que en 25 encuentros desde el 17 de enero, “la comisionada ejecutiva comenzó con una serie de encuentros con colectivos y víctimas en lo individual. En ese contexto fueron utilizadas expresiones coloquiales para exponer la situación del manejo de recursos y de las irregularidades que se han detectado para beneficiar a unos grupos y afectar a otros”.

Mara Gómez fue una de las tres mujeres propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado para reformar la CEAV después de la renuncia del anterior comisionado en junio de 2019. Jaime Rochín del Rincón renunció entre protestas de los colectivos y criticó, durante su marcha, la política de austeridad de López Obrador que reducía la capacidad de acción de la CEAV. El Presidente, en su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, lista cuatro ejes de justicia transicional para las víctimas: verdad, justicia, reparación del daño y garantía de no repetición de los crímenes.

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La CEAV se encarga, entre otras atribuciones, del funcionamiento del Registro Nacional de Víctimas, que cuenta con más de 32 mil personas inscritas, y de la operación de los fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y el de Apoyo, Manutención y Educación.

Amparos incumplidos

Un ejemplo de los diversos amparos es el de Los Avispones, el equipo de futbol del que murieron un jugador y el conductor de camión la noche del 26 de septiembre en Iguala de 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. En octubre de 2016, la CEAV emitió una resolución a favor de las víctimas del club, pero las víctimas alegaron que ésta no era completa ni correcta.

Tras varios pasos y recursos judiciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de Los Avispones. En septiembre de 2018 se mandó un primer requerimiento a la CEAV para que volviera a emitir una nueva resolución. Tras 16 meses sin que la CEAV haya emitido ese nuevo fallo, el 31 de enero de 2020 un juez abrió un incidente de inejecución de sentencia contra la CEAV y su actual titular.

La CEAV tiene 323 amparos pendientes de cumplimiento, de los que hay ocho incidentes de inejecución de sentencia, con dos en la Suprema Corte de Justicia: “Se trata de litigios heredados por administraciones anteriores”, ya que “en el pasado hubo muchos casos que no se atendieron adecuadamente”. El problema, aseguran, es “un pequeñísimo grupo de abogados que han encontrado en los fondos de la CEAV una mina de oro”, señalan en su respuesta.

En los audios se escucha a la comisionada reconocer que “los amparos perdidos, los incidentes de inejecución, las siete multas hasta ahora y que siguen incrementándose, son una bomba de tiempo”, pero detalla que con su segunda está acudiendo “a todos los tribunales, a todos los juzgados de Distrito a hablar juez por juez, magistrado por magistrado, y vamos a ir también a la Suprema Corte para explicarles cómo está esta situación”. Gómez trabajó 13 años en la Corte. Tres de esas multas, de las que EL UNIVERSAL tiene copia, juntan un monto de 34 mil pesos. Las sanciones, dicen, están impugnadas.

Organizaciones de la sociedad civil, abogados y diversas víctimas afirman que desde su llegada, hace tres meses, la institución está parada y están poniendo trámites burocráticos para detener los recursos ya asignados a las víctimas en ayudas de vivienda y manutención.

“Hay una parálisis institucional profunda desde que llegó ella”, explica Juan Carlos Gutiérrez, director de IDHEAS, una organización de la sociedad civil que acompaña a varias víctimas, y coautores del informe La crisis en materia de atención a víctimas de violaciones a derechos humanos en México, presentado en agosto de 2019 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Nadie está tomando decisiones y todo está parado. Justo acaba de presentar un programa, pero no sabemos de qué va ni se ha discutido con los colectivos ni con las organizaciones”.

IDHEAS acompaña tres casos en los que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido dictámenes contra el Estado mexicano en los que establece su responsabilidad: “Estos tres casos implican la intervención de la CEAV, pero no vemos voluntad política ni institucional de su parte para cumplir con los plazos internacionales”, detalla Gutiérrez.

En el análisis presentado ante la comisión se cifra que, desde la creación en 2014 hasta mayo de 2019, se habían abierto 122 expedientes de queja en su contra por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con una evaluación de la CEAV en 2018, efectuada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hay un rezago de más de cinco mil expedientes, y mientras han ido creciendo el número de víctimas, pero los recursos públicos asignados no se han incrementado en la misma proporción.

“Reconocemos que hay una crisis institucional y que hay que reestructurar la CEAV, pero en ese proceso no se puede parar la operación ni dejar de atender los compromisos que se tiene con las víctimas y dejar de prestar su apoyo”, razona Gutiérrez, quien añade: “Tenemos casos de familias que no están recibiendo sus apoyos. Desde que llegó Mara Gómez se ha parado todo”.

Víctima, en riesgo de desahucio

María, quien cambió su nombre por seguridad, es una de las víctimas reconocidas. Originaria del norte del país, dos años después de que las fuerzas de seguridad estatales desaparecieron a sus hijos y se hizo cargo de sus nietos, la CEAV comenzó a ayudarle.

“Los responsables están prófugos, entonces tenemos medidas cautelares y muchas amenazas”, explica al teléfono y agrega: “Salimos del estado ayudados por la CEAV. Tras un tiempo en un refugio, hace un año nos dijeron que teníamos que buscar una casa”.

Para eso le dieron acceso a un fondo para la vivienda y una canasta básica al mes. Normalmente le ingresan el dinero cada dos meses, lo que ya le suponía un problema con su casera, que exige su renta cada mes. Pero ahora lleva tres meses sin recibir esos recursos y están amenazando con desahuciarla de su casa.

“La dueña me ha dicho que si no pago ya, me echan”, dice preocupada, y explica: “Intento llamar a la CEAV, pero no sé qué cosas están haciendo ahí, que han cambiado a todo el mundo y no tengo comunicación con nadie y se pasan la bolita unos a otros. Mientras mi renta sigue sin pagar”.

El 17 de febrero, varias víctimas y quejosas encabezadas por Carlos Vanda, quien sufrió en 2012 privación ilegal de la libertad, lesiones y amenazas, tomaron las instalaciones de la CEAV. Delia Quiroa, hermana de un desaparecido que participó en la protesta, cuenta que su demanda principal es básicamente la misma que la de María.

“Están haciendo cambios que nos perjudican. Ahora han puesto un trámite burocrático [volver a solicitar una negativa de que se está recibiendo apoyo de Desarrollo Integral de la Familia] a todas las víctimas para darnos las medidas de alojamiento y mitigación (...) luego está despidiendo a los trabajadores sociales y contratando gente nueva. Éstos tendrán que aprenderse nuestros casos y eso va a retrasar mucho los procesos”, comenta. Según varios trabajadores de la CEAV, entre el 10 de diciembre y finales de febrero de 2020 hubo más de 80 despidos y el número sigue aumentando.

La CEAV contesta que fue “necesario prescindir del trabajo de algunos compañeros para fortalecer a la comisión y purgarla de vicios. También están desapareciendo el área jurídica, despidiendo asesores, y quiere mandarnos a la defensoría pública”, denuncia.

Juan Carlos Gutiérrez, de IDHEAS, y otros abogados consultados, confirman este mismo punto, que supondría un conflicto claro de interés, ya que los casos que llegan a la CEAV son contra el Estado.

En su respuesta, la CEAV informa que hay 39 abogados en la Asesoría Jurídica en la Ciudad de México y 79 más que atienden los Centros de Atención Integral por toda la República: “Es notoriamente insuficiente esa cantidad de litigantes, necesitamos allegarnos de más licenciados”, por lo que la CEAV establecerá convenios con las defensorías públicas que ya tienen un área de asesoría victimal, así es que no hay conflicto de interés, sino áreas de oportunidad que necesitamos aprovechar”.

La toma de las instalaciones de la CEAV acabó el 24 de febrero. Días antes denunció penalmente a Carlos Vanda y sus familiares. La CNDH pidió a la CEAV que se desistiera de la denuncia penal. El senador Emilio Álvarez Icaza calificó “sin precedentes e inédito” que el titular de la CEAV criminalice a víctimas.

“Debo rentas, no me han dado las canastas básicas y me van a echar de casa. No tengo con qué salir adelante, ya que tuve que vender todo para poder salir y no tengo nada. Yo no pedí esto. Esto me lo hizo el gobierno”, se lamenta María. Ahora, se queja, no le llega el dinero que le permite sobrevivir junto con sus nietos, huérfanos por las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado.