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Lo sucedido está documentado con los cerca de 250 mil asesinatos cometidos por estos grupos en 18 años, 36 mil 265 desaparecidos reportados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la mayor parte de los más de 325 mil desplazados, la estela de fosas clandestinas que se han descubierto, así como en los videos que libremente circulan desde 2005 en la web y en los que exhiben su crueldad.
Gobernadores, alcaldes y corporaciones policiacas enteras que han sido cooptadas por los grandes grupos delincuenciales que, según la PGR y cuya información recibirá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, operan a través de al menos 30 subgrupos o células y su nivel de violencia es palpable en matanzas que han conmovido al país.
Explican que otros factores que desembocaron esta crisis de inseguridad y violencia fueron la ausencia de políticas públicas de largo alcance en educación, salud y bienestar social, así como el repliegue y atomización social ante los altos niveles de violencia y crueldad de grupos delincuenciales.
Los cambios criminales incluyen desde la producción de nuevas drogas de diseño, ampliación de su portafolios de actividades, sistemas de posicionamiento social —como imponer el miedo en la población, lograr la aceptación mutua o convivencia natural— y hasta la sofisticación en el lavado de dinero y su incorporación a la era digital.
El gobierno que encabezará López Obrador deberá identificar cómo la delincuencia organizada se vale del reclutamiento de miembros que actúan en el ámbito legal y operan bajo leyes laxas que les permiten crear empresas fantasmas, participar en licitaciones públicas, triangular recursos, contar con prestanombres, poder colocar dinero en paraísos fiscales, invertir en la carrera de políticos en ascenso y hacer aportaciones a campañas políticas, entre otros delitos, de acuerdo con las fuentes.
Las alianzas para la violencia
Las labores de inteligencia desarrolladas por la PGR sobre la cantidad de grupos criminales que operan en el país y a las que tendrán acceso las nuevas autoridades indican que cuatro de ellas son originarias de Sinaloa: el Cártel de Sinaloa, los Beltrán Leyva, los Carillo Fuentes y los Arellano Félix. Las otras son el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es una escisión de los grupos sinaloenses. Le seguirían el Cártel del Golfo, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios y los Zetas.
El informe destaca que a la par de los cambios en las estructuras y operación de los grupos criminales, disponen de arsenales, que incluyen armas usadas sólo en conflictos bélicos, lo cual les sirve para enfrentar el despliegue militar o bien retar o enfrentar cualquier embate de las fuerzas del orden.
En varias de esas organizaciones hay un componente familiar que las hace operar como clanes, pero, al final, como cualquier grupo delictivo, el objetivo común es dominar zonas o regiones geográficas para obtener el control de los mercados y las ganancias de las actividades criminales.
Este componente permite ventajas como seguridad y confianza en el entorno de los líderes, mayores ganancias, alianzas no exentas de rupturas violentas con otras bandas.
Los Beltrán Leyva, los Arellano Félix y los Carrillo Fuentes tienen el mismo ingrediente familiar, el cual juega un papel de primer orden dentro de las estructuras de mando y hasta de rivalidad con sus pares. El CNJG está bajo control de las familias Oseguera y los González Valencia, Los Cuinis; en el Cártel del Golfo la familia de los Cárdenas Guillén mantiene hasta ahora cierta influencia y, en algún momento, este rasgo estuvo presente con los Zetas, con la familia Treviño Morales, comandada por el Z-40, Miguel Treviño Morales, quien administró el grupo como empresa familiar. En los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana no es visible esta característica en común.
La permanencia y supremacía del Cártel de Sinaloa, de los Beltrán Leyva, los Carrillo Fuentes, los Arellano Félix o el surgimiento y violencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, junto con la crueldad de los Zetas y las ofensivas armadas del Cártel del Golfo y de los Caballeros Templarios, así como la Familia Michoacana, no sería posible sin la articulación de estas organizaciones con otras asociaciones criminales.
El informe de la PGR detalla que al menos 34 grupos de delincuencia organizada están coaligados a estos grupos históricos o bien de reciente creación o emergentes, pero ninguno de ellos tiene la característica de ser una organización criminal transnacional, como las nueve mencionadas anteriormente, pero su capacidad de violencia y conocimiento profundo de cada una de las zonas donde operan las hace sumamente peligrosas.
El nuevo gobierno federal deberá asumir que los grupos criminales han trasladado no sólo sus operaciones, sino también sus combates y disputas por mercados, a casi todas las regiones del país. Ahí, según el reporte oficial, hay pequeños grupos de narcomenudistas o delictivos que se disputan mercados locales, que constituyen zonas donde las autoridades locales atienden ese fenómeno.
No están en el diagnóstico elaborado por la PGR grupos criminales como Los Tequileros, Los Sierreños, Gente Nueva, Ojitos Verdes, Guardia Guerrerense, Sangre Nueva Guerrerense, Los Marín, y Los Añorve, en el estado de Guerrero —donde está 60% de los cultivos de amapola—; Unión Tepito, la Anti-Unión, Los Rodolfos ni la banda criminal de Tláhuac de El Ojos, en la Ciudad de México.
En Jalisco, el CJNG enfrenta a un grupo criminal denominado La Resistencia o Cártel Nueva Plaza, mientras que en Guanajuato confronta al grupo llamado Cártel de Santa Rosa de Lima; en Tamaulipas se encuentra otro grupo autollamado el Cártel del Noroeste; en Quintana Roo destaca el Cártel de Cancún; en Puebla y Veracruz se suman grupos como el del Bukanas; en Michoacán aparecen Los Viagras; en Chihuahua se encuentran Los Linces, entre otros grupos más que se dedican a un sinnúmero de actividades criminales que tienen un gran impacto en el costo de la inseguridad en México, pero son muchos, muchos más como en breve habrá de saber el nuevo gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre.
