Los funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) le pidieron a Eleazar que comprobara los gastos por el traslado de sus vacas y la renta de los potreros. Le aseguraron que le pagarían. “En este mes estamos cumpliendo un año de ese derrame y, hasta ahora, la empresa petrolera se niega a cubrir las indemnizaciones”, acusa.
En las conclusiones del órgano fiscalizador, se detectó que en 2017 Pemex Logística (Plog) “determinó no realizar la remediación de 4 mil 509 sitios contaminados, con una provisión de gastos de 7 mil 482 millones de pesos a diciembre de 2017”, al considerar que la contaminación se produjo por derrames ocasionados por actos ilícitos.
La semana pasada, Eleazar Cruz Santos contrató a un abogado para demandar a Pemex porque, sin su permiso, en 2014 la petrolera instaló una cama anódica en su potrero, que sirve para proteger el ducto por donde transporta gasolina de Veracruz a la refinería de Salina Cruz. “Tampoco quiere pagar Pemex”, lamentó.
No es el único caso. Hasta diciembre del año pasado, PTRI no reconocía ni había determinado “el costo estimado requerido para la remediación del sitio contaminado en la refinería de Salina Cruz, originado por los siniestros de inundación e incendio de junio de 2017, así como del sismo de septiembre del mismo año”.
Según el inventario de sitios contaminados de 1994 al 31 de diciembre de 2018, revisado por la ASF, en esos años son 645 hectáreas dañadas por PEP, en 708 puntos del país, lo que obliga a esa subsidiaria a desembolsar mil 671 millones de pesos. Asimismo, la ASF detectó que PTRI contaminó 285 hectáreas en siete puntos del país y, para remediarlo, debe cubrir 3 mil 152 millones de pesos.
En diciembre del año pasado, pobladores de las comunidades de Estación Sarabia, Boca del Monte, Paso Real y Mogoñé —que pertenecen al municipio de San Juan Guichicovi— y las poblaciones de Palomares, Progreso y Tolosita —de Matías Romero— bloquearon la carretera Transístmica en la zona norte del Istmo para exigirle a Pemex remediar la contaminación de arroyos y áreas de pastizales a causa de un derrame de gasolina en 2017.
Pemex, dijeron autoridades, se deslindó de afectaciones y dijo que los derrames eran provocados por los ladrones de gasolina que saquean los ductos.
La ASF concluyó que las empresas productivas subsidiarias, como PEP, PTRI y PLOG, “no han cumplido, de forma cabal, con sus obligaciones de remediar los sitios contaminados por fugas y derrames de hidrocarburos, así como de realizar el manejo y disposición de los residuos peligrosos especiales, conforme a lo previsto en la normativa, lo que provoca riesgos de efectos adversos en la salud humana, la flora, la fauna y el medio ambiente”.
