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Entre los pueblos zapotecos, los llamados a la resistencia que hacían los líderes de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (Cocei) calaban hondo.
El pasado cuatro de agosto, en el Diario Oficial de la Federación se publicó dicho programa regional y sus cinco objetivos prioritarios: fortalecer la infraestructura social y productiva, impulsar un nuevo modelo de crecimiento económico para el desarrollo y asegurar la articulación de acciones emergentes para la población en situación de pobreza extrema.
Incrementar la biodiversidad, mejorar la calidad del agua, suelo, aire con un enfoque sustentable, y proteger la diversidad lingüística, cultural, de memoria y patrimonio de los pueblos indígenas.
Carlos Beas Torres, asesor de la Ucizoni, dice que el modelo de desarrollo que propone el gobierno federal para el Istmo no difiere particularmente de los proyectos impulsados por más de tres décadas: “Al Presidente se le ha escuchado decir que en la instalación de los 10 parques industriales pueden buscar la asociación con inversionistas extranjeros. Ese modelo no es nuevo, se conoció como Acciones Tierra, con el sello del gobierno de Salinas de Gortari y sólo beneficia a los inversionistas, no a campesinos”, dice.
Pese a las similitudes, comenta que los “luchadores sociales históricos” de otras organizaciones que en el pasado participaron en la resistencia contra los programas impulsados por Salinas y Zedillo, así como el Plan Puebla Panamá (PPP), de Fox, ahora están incrustados en la 4T y dejaron de lado los intereses del pueblo.
Uno de esos dirigentes es Héctor Sánchez López, fundador de la Cocei y opositor a los anteriores proyectos, actualmente es consejero ciudadano de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y asegura que no hay comparación entre las políticas que impulsaron Echeverría, Portillo, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón o Peña.
Ahora, sostiene, las comunidades indígenas “son parte del desarrollo, no de la demagogia”.
En ello coincide el expresidente municipal juchiteco, Alberto Reyna Figueroa, actual delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en la comunidad de Santiago Laollaga.
Afirma que en estos tiempos “López Obrador incluirá a las poblaciones indígenas. Por eso se les ha consultado”.
En el caso de la Ucizoni, que ha mantenido la resistencia ante este proyecto, Beas Torres reconoce que la pandemia los ha obligado a centrar sus fuerzas a la salud y, por el momento, no se ha fijado una postura sobre el PDIT.
“Nuestra prioridad no es la prioridad de la 4T, aunque no por ello deja de cuestionar el modelo de desarrollo que López Obrador propone para el Istmo.
