Reforma educativa tuvo un costo de 81 mmdp

La promoción de la reforma educativa gestada en la administración de Enrique Peña Nieto, que será cancelada por el actual gobierno federal, tuvo un costo de al menos 81.5 mil millones de pesos entre la implementación de programas para operarla, publicidad oficial para “difundir sus beneficios” y el dinero entregado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Con el anuncio hecho esta semana por el  presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su cancelación, especialistas coincidieron en que hubo gastos “excesivos” y “abusivos”, y que el dinero invertido en publicidad fue “un tiradero a la basura”.

En el Libro Blanco de la Reforma Educativa, la Secretaría de Educación Pública (SEP) enumera al menos 13 programas que creó el gobierno de  Peña Nieto para operar la  reforma, que fue considerada la reforma estructural más importante que emprendió esa administración.

En estos programas se invirtieron 72.45 mil millones de pesos: el Programa Nacional de Convivencia Escolar: para el Diseño de la Política Educativa: el Programa de la Reforma Educativa; para el Desarrollo Profesional Docente y  el de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica.

También se cuentan apoyos a centros y organizaciones de educación; producción y distribución de libros y materiales educativos, los cuales se distribuyeron como parte del nuevo modelo educativo; el Programa Nacional de Inglés, el  orientado a  la inclusión y la equidad educativa; producción y transmisión de materiales educativos, y la reforma administrativa que emprendió la institución.

Por ejemplo, el gobierno federal gastó más de 5 mil millones de pesos para llevar computadoras, tabletas electrónicas y aulas tecnológicas en comunidades escolares, iniciativas que se cancelaron a mitad del sexenio.

Para Ángel Díaz Barriga, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el recurso que se invirtió en propaganda y difusión de mensajes publicitarios sobre los presuntos beneficios de la reforma fue “dinero tirado a la basura directamente”.

Francisco Urrutia de la Torre investigador del ITESO consideró que “lo más grave” en las decisiones sobre gasto educativo que tomó el sexenio que terminó fue invertir más en la evaluación de los docentes que en su actualización profesional o formación continua.

“Es como quien quiere bajar de peso y gasta cinco veces más en la báscula que en el gimnasio y la administración. Fue un despropósito: si se quiere mejorar la educación, lo principal es formar a los profesores y tomar ciertas acciones de evaluación pero es excesivo lo que hizo este gobierno”, consideró.

Rodolfo Ramírez Raymundo, investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, dijo que “hubo gasto injustificado, realmente un dispendio” y “un verdadero abuso” con el objetivo “sobre todo político, de posicionar al entonces secretario de Educación como posible candidato presidencial”.

Uno de los aspectos más graves de este gasto fue haber iniciado programas a un año o menos de concluir la administración y que “vendieron como real algo que no tenían posibilidad de echar a andar”.