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Cada emisora va a transmitir los mensajes diarios relativos tanto a la elección federal como a los 30 comicios locales.
El bombardeo de mensajes, pero sobre todo su contenido, en su mayoría superficial o de “campañas negras”, hace a los expertos considerar que a 10 años de vigencia del modelo de comunicación política, es tiempo de revisarlo, lo que va a ser deseable luego del proceso electoral de 2018.
Aunque la gratuidad debe mantenerse para no encarecer más las campañas, los expertos e incluso los partidos que impulsaron ese esquema reconocen que debe perfeccionarse.
No sólo por el volumen y dudosa eficacia de esos promocionales para un debate informado, sino incluso por la caída de las audiencias de radio y televisión. Además, existen otros fenómenos paralelos: mercado negro de propaganda política en medios electrónicos e incremento de la litigiosidad, pues han dado pie a la proliferación de quejas y denuncias.
La propuesta era compactar los spots de 30 segundos para difundir menos mensajes, pero más largos. Además, dar más velocidad para subirlos o bajarlos del aire —como ocurre con promos comerciales, según la coyuntura—, lo que permitiría una especie de “debate” vía promocionales. Ninguna prosperó.
“Los votantes jóvenes no ven televisión tradicional y ese volumen de spots no llega a un segmento cada vez más grande del electorado. Es decir, este modelo de comunicación es cada vez menos relevante”, expone.
Aun así se pronuncia porque sigan siendo gratuitos, “pero el volumen y el mecanismo de asignación debe modificarse”.
El también director de la consultora Integralia propone un mecanismo de subasta, en el que mediante un paquete de vouchers (de tiempo-aire) asignados a los partidos, éstos los pueden usar en los segmentos que quieran. “También debería haber franjas informativas en lugar de tantos spots”, plantea.
El financiamiento de los partidos se iba en compra de spots, así que al sacarlos del mercado hubo una reacción fuerte de las empresas. “Hoy vemos que sí fue necesario, pero que no tanto”.
Becerra propone compactación de tiempos o sustituirlos por debates cuya transmisión sea obligatoria, “para que el ciudadano se informe y no esté atosigado por la lluvia de spots”.
El pasado 14 de diciembre arrancaron los actos de precampaña rumbo a la Presidencia de la República a elegirse en 2018, con ausencia de lineamientos de “cancha pareja”, reglas sobre propaganda gubernamental y difusión de programas sociales, ambos revocados por decisión jurisdiccional.
En realidad inició la contienda adelantada, pues tres aspirantes que buscarán posicionarse entre sus militantes en procesos internos de selección ya están perfilados para la candidatura a la Presidencia.
Además, los candidatos independientes continúan reuniendo las firmas para cumplir con ese requisito que establece el órgano electoral.
En los próximos 60 días de precampaña presidencial, hasta el 11 de febrero, los aspirantes a la candidatura podrán erogar máximo 67 millones 222 mil pesos.
A los precandidatos les está permitido realizar recorridos, participar en eventos públicos o con sus militantes o simpatizantes, erogar en propaganda impresa, fija o en internet.
Solamente tienen expresamente prohibida la compra de tiempos en radio y televisión, recibir recursos de origen no permitido (personas morales o de origen ilícito) o hacer llamados para pedir el voto.
Hasta antes de este año los precandidatos únicos también tenían prohibida la aparición en spots, pues al no haber contrincante no había razón para promoverse.
Sin embargo, en abril el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificó el criterio para permitir esa aparición “siempre y cuando no se dirijan al electorado llamando por el voto”. Ante ello en sus spots han colocado la leyenda precandidato o dirigido a militantes.
