Corrupción: procesos irregulares en el MP

En México interponer una denuncia ante el Ministerio Público u obtener un “procedimiento abreviado” que permita tener una salida rápida ante una denuncia penal, puede costar de 500 a 50 mil pesos, dependiendo del delito por el cual se acuse a una persona o de la capacidad económica que aparente, así lo explicó Estefanía Medina, fundadora de Tojil Estrategia contra la Impunidad, quien esta semana comenzó a repartir en agencias de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México copias de su Guía contra la corrupción en ministerios públicos.

“Va desde el hecho por el que te están acusando hasta la posibilidad económica que logran advertir en las personas. Nos hemos dado cuenta de que en el fuero federal una mordida puede costar hasta 50 mil pesos o más, dependiendo del caso. La gama es inmensa: desde 500 pesos para las copias hasta grandes casos de corrupción para obtener sentencias”, aseguró.

El documento es una especie de instructivo de 15 pasos para presentar una denuncia o enfrentar un proceso penal sin incurrir en actos de corrupción. Busca brindar información clara, evitar que la complejidad del lenguaje jurídico permita abusos de las autoridades y ofrecer herramientas que no permitan actos ilegales y de violación de derechos por parte del personal de procuradurías y fiscalías.

Analizamos prácticas generalizadas entre los operadores y casos. La corrupción es una práctica sistémica. En las denuncias por irregularidades en ministerios públicos existe una completa desarmonización entre lo que previó el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema de Justicia Penal”, afirmó en entrevista con EL UNIVERSAL.

El objetivo es entregar un documento que las personas puedan descargar en PDF, compartir con sus familiares y llevar en sus celulares en caso de que tengan que interponer una denuncia o se vean involucrados en un delito y necesiten conocer sus derechos. Tojil e Impunidad Cero detectaron que las irregularidades, hechos ilegales que cometen los servidores públicos y la corrupción son factores que pueden llevar a la gente a decidir no denunciar.

“En la mayoría de los casos vimos que hay una asociación a un tema de corrupción; identificamos que hay dilaciones u omisiones. Muchas veces la gente se queja de que fueron a denunciar un delito, pasaron tres meses y en la investigación no ocurrió nada. Queremos que la gente sepa qué hacer en caso de que el MP se niegue [a investigar] para que los trámites avancen como deberían”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), en 2017 alrededor de 25.4 millones de personas fueron víctimas de un delito; pese a ello, menos de siete de cada 10 no denunciaron por desconfianza a la autoridad y porque hacerlo representaba una pérdida de tiempo para las víctimas.

Más de dos horas para ser atendido

El dato lo refuerza el estudio Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2018 de la organización Impunidad Cero, el cual indica que hay que esperar, en promedio, 135 minutos para ser atendido y poder denunciar un delito ante un Ministerio Público; sin embargo, la efectividad global en el sistema de procuración de justicia de las entidades federativas fue de 18%; además de que sólo 2.4% de todas las carpetas de investigación que se inician son determinadas.

“Una vez que un presunto responsable es puesto a disposición de un juez, la probabilidad de que reciba una resolución judicial adversa, como una sanción, es mayor a 70%. Sin embargo, la de que un delito sea denunciado y esclarecido es de 1.14%.

“El cuello de botella del sistema de justicia penal, el corazón de la impunidad y de la escasa capacidad de disuasión penal del Estado, está en el ámbito de la procuración de justicia”, señala.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el fuero federal los delitos con mayor incidencia en 2018 fueron: contra la salud, relacionados con drogas, cometidos por servidores públicos, como abuso de autoridad, intimidación y ejercicio indebido de funciones, contra el medio ambiente y gestión ambiental, contra la integridad corporal, electorales, contra derechos de autor y patrimoniales.

En el fuero local los delitos más cometidos fueron: robos, lesiones, homicidios, patrimoniales, secuestro, sexuales, como violación, abuso sexual y acoso sexual, amenazas, pornografía, violencia familiar, extorsión, abuso de autoridad, intimidación, negación del servicio público, entre otros.

En los ministerios públicos del país, explicó Estefanía Medina, se pide dinero por labores que deberían cumplir de manera gratuita, desde entregar las copias del expediente hasta por obtener sentencias abreviadas.

“En muchas ocasiones se detiene a un sujeto que comete un robo sin violencia y se le dice a la familia que entreguen una cantidad de dinero, por ejemplo 10 mil pesos, y la persona puede salir libre en ese momento. Ese tipo de irregularidades son las que están ocurriendo y generando los problemas del sistema acusatorio”.

Hay otras prácticas que no se deben solicitar a quienes presentan una denuncia, como la ratificación, pues puede retrasar la investigación, pedir dinero para entregar copias del expediente, decretar la libertad de los acusados a cambio de entregar dinero, solicitar recursos para abstenerse de investigar, por el no ejercicio de la acción penal o decretar archivo temporal sobre una averiguación.

“Hay un alto número de carpetas de investigación que se van al archivo temporal, que quiere decir darle carpetazo al asunto, sin ni siquiera cerrarlo de fondo. No se dice: ‘Aquí no ocurrió un delito’ ni ‘aquí sucedió’, es sólo una forma de dejarlo dormido y no actuar.

“Se generan muchísimos casos, de los cuales 60% que se determinan son usados por este tipo de figura. La gente también puede llevarlo ante un juez para combatir la determinación”, indicó Medina Ruvalcaba. Es recurrente que el Ministerio Público omita las solicitudes de diligencias o que no investigue, inclusive en delitos de alto impacto, que no se notifique a las víctimas la aplicación de cualquiera de estos criterios, que no se soliciten las medidas cautelares que correspondan, es decir que sean “proporcionales y eficaces” y que no se proporcione asesoría jurídica a las víctimas, alertaron las organizaciones.

Es común que el abogado defensor que se debe asignar por ley, no tenga los conocimientos, interés o habilidad para llevar su caso, que no se inicien averiguaciones previas cuando se llega a acuerdos preparatorios, que se dé la suspensión condicional del proceso por corrupción, que se soliciten mordidas por llevar a cabo un procedimiento abreviado, lo que significa reducir la pena a cambio de aceptar los cargos y también la dilación o retraso en el procedimiento. Se ha detectado que en la práctica las audiencias se suspenden sin justificación o cambian de fecha.