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Horas después, la Secretaría de la Función Pública descartó realizar una investigación enfocada en la funcionaria federal.
“Los casos que vemos todos los días en la prensa nos dice que los corruptos pueden salir de la cárcel, pues claro, ayer lo decía la titular de Sedatu que ella no tenía responsabilidad; pues obviamente no tiene responsabilidad, porque en la administración pública los ámbitos de responsabilidad son diferentes.
“¿Por qué seguimos creyendo que vamos a poder meter a la cárcel a alguien? A un gobernador por ejemplo, como lo que acaba de suceder con el ex gobernador de Veracruz (Javier Duarte) por achacarle responsabilidades que ni siquiera estaban en sus ámbitos de atribución, eso no es posible”, explica.
En su opinión, el combate a la corrupción y hechos deshonestos en la administración pública de cualquier nivel de gobierno en el país no se resuelve únicamente con el fortalecimiento en el esquema de sanciones --una de las debilidades más importantes del sistema nacional anticorrupción-- ni tampoco con un cambio en el sistema de valores o principios éticos de los servidores públicos: “es necesario atender sus causas”.
Y las causas, detalla, son tres. La primera, dice, es porque hay “captura de puestos” porque estos (los cargos públicos) se asignan bajo un sistema de “botín” en donde el funcionario no accede al cargo por sus calificaciones profesionales, sino por lealtades partidistas, ideológicas e incluso familiares o personales.
La segunda, es que la corrupción existe porque hay “captura de presupuestos”; es decir, donde el dinero público se gasta de la manera discrecional en que deciden los funcionarios y la tercera, por la “captura de decisiones públicas”, las cuales se toman con base a criterios que no son técnicos ni profesionales sino políticos o de interés político.
“Todos estos elementos se conjugan para hacer lo que la mencionaba (Mauricio) Merino y que tiene que ver con la privatización de lo público; la corrupción no tiene que ver con lo que dicen las leyes: los actos deshonestos son todos aquellos – aun cuando no estén sancionados – que logran que se privatice el espacio público.
“Eso nos afecta a todos porque sencillamente los puestos no son de su propiedad, ni los presupuestos ni las decisiones se deben tomar en cuenta tomando el interés general y no los intereses particulares”.
Jaime Hernández rechaza atribuir la responsabilidad a los órganos de Contraloría y de Transparencia en el país y en los estados. El problema, asegura, no es que hayan fallado sino que se tiene una concepción equivocada del control interno en la administración pública en el país.
Las contralorías y el control interno, precisa, sirven para identificar áreas de riesgo en las instituciones y posibles espacios donde puedan surgir malas prácticas administrativas o hechos deshonestos.
“Hay que tener en cuenta que no todas las malas prácticas administrativas son hechos de corrupción pero sí todos los hechos de corrupción son malas prácticas administrativas”, apunta.
De igual manera se refiere a los institutos de transparencia y acceso a la información pública; lo que sucede es que se legisló en la materia y se ha topado con el “hecho paradójico” de que primero se abrió la información y luego de que (las instituciones o sujetos obligados) no tenían la información o la que se tenía no estaba bien hecha.
“Las instituciones de transparencia han tenido que sobreponerse a esas deficiencias y por otro, el problema que tenemos es que dichos órganos no tienen la capacidad para vigilar a todos los sujetos obligados y que cumplan con sus obligaciones”.
El investigador del CIDE reitera que no se deben pensar en que al sistema de sanciones se le debe “cargar toda la fe” para resolver el problema de la corrupción, así como tampoco a un cambio en el sistema de valores o principios éticos.
Hay que mejorar – finaliza – las administraciones públicas, profesionalizar a los funcionarios, fortalecer las actividades de control interno y de auditoría y, fortalecer las sanciones administrativas.
“Porque a veces el problema no son relacionados con delitos sino con malas prácticas administrativas que eso se puede solucionar de manera más sencilla, que los actos que se juzgan como delitos. Lo que hay que hacer en este momento, no es modificar la legislación, sino utilizar la que ya tenemos para fortalecer las capacidades de la administración pública, de eficiencia y eficacia, alumbrar los espacios opacos donde suceden los actos de corrupción”.
