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Al presentar esta semana un punto de acuerdo a favor de esta población, la senadora afirmó que los afromexicanos son objeto de “un fenómeno de invisibilidad y se exponen a condiciones de discriminación institucional y situaciones de exclusión y vulnerabilidad”.
La población afrodescendiente se distribuye en el Estado de México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, principalmente, y con base en la Encuesta Intercensal del Inegi, la presencia nacional de este grupo es de un millón 381 mil 835 personas.
Fueron comprados y llevados a Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato y a la Ciudad de México. No gozaban de libertad alguna y vivían en condiciones infrahumanas.
“Hoy pedimos el reconocimiento constitucional, porque estos mexicanos viven en su propio país una discriminación estructural que se representa en el trato diario entre personas o cuando acuden a una institución y, peor aún, cuando tratan de cruzar las fronteras de su México”.
El colmo del maltrato, dijo, es que las autoridades migratorias, por prejuicio, “los hacen cantar el Himno Nacional para confirmar su nacionalidad”.
